
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia solicitó nuevamente a la Corte Constitucional apartar al magistrado Héctor Carvajal de la discusión sobre las demandas contra la reforma pensional, por presunto conflicto de interés.
La congresista envió un documento a la presidencia del alto tribunal en el que pide que se avale la recusación presentada en su contra, argumentando que el magistrado tuvo vínculos contractuales con Colpensiones, entidad que tendría un papel directo en la implementación de la reforma.
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En la comunicación dirigida al presidente de la Corte, Valencia señaló que el magistrado Carvajal emitió conceptos jurídicos favorables sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, lo que, según la senadora, constituye una causal de impedimento para participar en el control de constitucionalidad de la norma demandada. “El magistrado Héctor Carvajal está inmerso en la causal de impedimento (...) por lo tanto, debe ser apartado de la discusión al haber emitido concepto sobre la ley objeto de la demanda”, indica el documento enviado al alto tribunal.
Solicitud de revisión de contratos y conceptos

La congresista pidió al presidente de la Corte que evalúe los contratos de prestación de servicios suscritos por Carvajal con Colpensiones entre 2024 y 2025. En el mismo escrito, solicitó al jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de la entidad entregar todos los soportes relacionados con esos contratos y los conceptos jurídicos firmados por el magistrado sobre la constitucionalidad de la reforma.
Según la senadora, la participación de Carvajal en la discusión afectaría el principio de imparcialidad, pues antes de ser ternado para integrar la Corte Constitucional habría manifestado su postura frente al contenido de la reforma. “La causal de recusación por haber conceptuado sobre la materia no exige que el magistrado haya analizado en detalle todos los posibles escenarios (...) sino que se configura al realizar una declaración o concepto sobre la materia objeto de debate, en este caso, la constitucionalidad”, afirmó Valencia en su respuesta al magistrado.
Valencia también se refirió a la relación personal de Carvajal con el presidente Gustavo Petro, promotor de la reforma pensional, y reiteró que este vínculo refuerza la necesidad de apartarlo del caso. La senadora es una de las demandantes de la norma aprobada por el Congreso y ha insistido en que se garantice un juez imparcial en el proceso.
La defensa del magistrado Carvajal

Por su parte, el magistrado Héctor Carvajal solicitó a la Sala Plena de la Corte desestimar la recusación presentada en su contra. En un documento de 15 páginas, reconoció que sí tuvo un contrato con Colpensiones y emitió un concepto sobre la ley, pero sostuvo que los temas analizados en esos conceptos ya fueron objeto de decisión.
“Los conceptos emitidos en mi calidad de abogado contratista de Colpensiones se ocuparon de los tres cargos invocados por la demandante. Sin embargo, dichos conceptos, en relación con los dos cargos distintos al de trámite, nunca tuvieron efecto alguno, por cuanto la Corte decidió inhibirse sobre tales aspectos”, explicó Carvajal.
El magistrado insistió en que la recusación carece de fundamento, ya que la ponencia que se discutirá en la próxima Sala Plena se limita a revisar si la Cámara de Representantes subsanó los vicios de procedimiento detectados previamente, conforme al Auto 841 de 2025. “Ello conlleva a que el impedimento se declare infundado, por cuanto los conceptos así emitidos no conservan ninguna actualidad, ni hacen referencia a la actuación posterior exigida por la Corte”, precisó.
Carvajal recordó que la jurisprudencia del alto tribunal establece que el impedimento solo procede cuando el concepto previo está relacionado con los aspectos sustanciales o fundamentales de la decisión que se debe adoptar. En este caso, aseguró, el análisis actual se centra exclusivamente en los elementos formales del trámite legislativo.

La recusación contra Carvajal se da en medio de un proceso en el que la Corte Constitucional estudia si la Cámara de Representantes subsanó los vicios de trámite detectados por el alto tribunal. Además, el debate se desarrolla en un contexto de alta expectativa, debido a que la decisión definirá la viabilidad del nuevo sistema de ahorro público administrado por Colpensiones.
Además del magistrado Carvajal, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, también fue recusado por un ciudadano que alegó “enemistad ideológica” con el Gobierno. Ibáñez es el autor de la ponencia que propone declarar la reforma inexequible, bajo el argumento de que el Congreso no corrigió los vicios señalados en un fallo anterior.
En todo caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá resolver tanto la recusación contra Carvajal como la del presidente Ibáñez antes de continuar con el estudio de fondo sobre la reforma pensional.
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