Revelan la nueva estrategia del Gobierno Petro para vender energía al régimen de Maduro sin importar sanciones internacionales

El avance del proyecto para que Colombia retome la exportación de energía a Venezuela generó inquietud en el sector eléctrico, especialmente por el riesgo de sanciones internacionales y la presión ejercida por el Gobierno nacional.

La iniciativa, que contempla la transferencia de 72 MW a través de la conexión San Mateo–El Corozo, involucra a la estatal venezolana Corpoelec como receptora y representa apenas el 0,5 % de la demanda energética colombiana, suficiente para abastecer a todo el departamento de Casanare.

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Desde hace varios meses, la administración colombiana intensificó sus esfuerzos para concretar este negocio, a pesar de las advertencias de empresas del sector sobre posibles sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, debido a las restricciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

La presión oficial llevó a que ISA Intercolombia y Cens —filial del Grupo EPM— consideren la venta de la línea y la bahía de conexión, buscando así desvincularse de un proceso que podría comprometer su reputación y estabilidad futura.

El proyecto está encabezado por Activa Process Management Green Project Colombia, una empresa constituida en Bogotá hace menos de un año por el ciudadano español Antonio Blasco. Según documentos citados por Blu Radio, Blasco figura en reportes de prensa relacionados con el escándalo del Club Deportivo Castellón en España, lo que encendió alertas en los sistemas de control de lavado de activos de varias compañías durante los procedimientos de debida diligencia.

La firma Activa fue creada en noviembre de 2024 con un capital de $25.000.000 y domicilio en un apartamento de Colina Campestre. Menos de un mes después de su fundación, ya negociaba contratos con ISA y Cens para utilizar las infraestructuras de interconexión entre ambos países. En febrero de 2025, ISA envió a Activa una cotización formal, según los borradores de contratos revisados por el medio citado

El Ministerio de Minas facilitó la entrada en operación del proyecto mediante una resolución especial firmada por el entonces ministro Omar Andrés Camacho, que otorgó un marco regulatorio favorable. Paralelamente, Activa autorizó a su representante legal a celebrar negocios por más de USD10 millones, como consta en los registros públicos de la empresa.

La rapidez con la que avanza el proceso contrasta con la situación general del sector. Mientras la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) mantiene suspendidos los análisis para nuevas conexiones debido a la congestión de solicitudes, en solo un mes aprobó la solicitud de Activa para este proyecto, amparándose en la regulación especial vigente.

No obstante, la Upme advirtió a Activa que la exportación de energía a Venezuela solo será viable si operan simultáneamente las plantas Termotasajero I y Termotasajero II, para no afectar la estabilidad de la red nacional. En agosto, XM organizó una reunión entre Activa y empresas del sector para discutir la entrada en operación del proyecto y la necesidad de activar las plantas térmicas.

Hace aproximadamente un mes, los contratos estaban listos para su firma, pero surgieron nuevas preocupaciones. Fuentes de Blu Radio informaron que, tras la reunión convocada por XM, varias empresas expresaron su temor a que la operación con Venezuela las exponga a sanciones de la OFAC. Algunas compañías advirtieron incluso sobre el riesgo de que el mercado eléctrico colombiano se vea “contaminado” por la transacción.

La inquietud se intensificó cuando el nombre de Antonio Blasco apareció en los sistemas de control de lavado de activos, coincidiendo con la intervención militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe y las acusaciones del gobierno de Donald Trump contra Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles.

En este contexto, ISA Intercolombia —propietaria de la bahía de conexión— y Cens —administradora de la línea— se encuentran en una posición delicada, presionadas por el Gobierno para avanzar con el proyecto, pero enfrentando el riesgo de comprometer la reputación y el futuro de dos de los principales actores del sector eléctrico colombiano, ISA y EPM. Frente a este dilema, ambas empresas plantearon la posibilidad de vender los activos de conexión a un tercero, y actualmente se está valorando dicha opción. La bahía de conexión pertenece a Intercolombia, mientras que la línea es propiedad de Cens, Essa y Epsa.

El Ministerio de Minas negó cualquier vínculo directo con Activa, aunque reconoció su interés en reactivar las conexiones eléctricas internacionales. No obstante, el proyecto de resolución publicado para comentarios, que busca extender la regulación especial hasta enero de 2027, menciona de manera explícita el proyecto de Activa:

“La interconexión de las subestaciones San Mateo - Corozo 230 kV ya cuenta con un punto de conexión de capacidad de transporte; sin embargo, no ha sido posible suscribir el contrato correspondiente debido al proceso de cambio de propietario que actualmente se está llevando a cabo, así como a la solicitud de imposición de servidumbre de la línea de interconexión San Mateo – Corozo 230 kV. En este sentido, se requiere ampliar el plazo de las medidas con el fin de facilitar el aprovechamiento energético, la optimización de la red eléctrica y la viabilidad financiera de los agentes responsables de las exportaciones”, puntualiza el documento.