La Contraloría General de la República alertó que la desnutrición infantil en comunidades indígenas triplica el promedio nacional y persisten brechas estructurales en atención y garantía de derechos.
El organismo presentó sus hallazgos durante el foro “La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, en el que reiteró los desafíos del Estado en materia de salud y nutrición para los pueblos originarios.
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que, pese a algunos avances institucionales, las tasas de mortalidad por desnutrición infantil en pueblos indígenas siguen siendo entre tres y cuatro veces más altas que en el resto del país. Según dijo, persisten deficiencias en la articulación institucional y en la continuidad de los programas enfocados en la primera infancia.
Los departamentos con mayores afectaciones
El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, evaluó la eficacia de los programas dirigidos a niños indígenas durante 2023 y 2024. Los resultados muestran que Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los indicadores más críticos en materia de protección y bienestar infantil.
Estas zonas, que coinciden con territorios de mayor presencia indígena, reflejan una situación de vulnerabilidad persistente, donde los menores enfrentan altos niveles de desnutrición, enfermedades infecciosas y dificultades de acceso a servicios básicos.
Dificultades en el registro y monitoreo de datos
De acuerdo con cifras del DANE, en Colombia hay más de 250.000 niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años, de los cuales 200.000 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. Sin embargo, la Contraloría advirtió que la falta de actualizaciones censales y de registros completos del Ministerio del Interior impide obtener datos precisos, lo que limita la formulación de políticas públicas efectivas.
La entidad también revisó el cumplimiento de la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de la primera infancia indígena en Pueblo Rico (Risaralda). Aunque se evidencian avances parciales, el organismo concluyó que los esfuerzos siguen siendo insuficientes.
Llamado al Gobierno y a las autoridades indígenas
La Contraloría instó al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) a fortalecer su rol de articulador entre las instituciones responsables de la atención a la niñez indígena. El organismo pidió crear mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación para garantizar la sostenibilidad de los programas.
Finalmente, el ente de control hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades indígenas para priorizar políticas diferenciales que aseguren el acceso a derechos básicos como salud, nutrición, agua potable y educación inicial.
La advertencia de la Contraloría, divulgada por Revista Semana, se suma a los recientes informes sobre mortalidad infantil indígena en el país, especialmente en Risaralda, Vaupés y Putumayo, donde las enfermedades diarreicas y la desnutrición continúan siendo las principales causas de muerte entre los menores.
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