Ocho postes que conformaban una red eléctrica ilegal fueron desmontados en la vereda Quiba, situada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Estas estructuras habían sido instaladas por un grupo delictivo conocido como Los Tierreros, quienes afectaron a familias de bajos recursos mediante una modalidad de estafa inmobiliaria.
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La infraestructura clandestina permitía a los responsables sustraer energía de un barrio vecino, lo que facilitaba simular condiciones de habitabilidad en terrenos ofrecidos de manera ilícita.
De este modo, los delincuentes buscaban convencer a posibles compradores sobre la supuesta legalidad y viabilidad de los lotes, que eran comercializados por un valor de $15 millones cada uno.
El accionar de Los Tierreros implicaba tanto el hurto de energía como la venta de terrenos sin respaldo legal, exponiendo a las familias a la pérdida de su inversión y a problemas legales y de seguridad.
Tal situación evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan acceder a una vivienda y la importancia de tomar precauciones ante ofertas que prometen facilidades poco habituales.
Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá insistieron en que para quienes estén interesados en adquirir un lote o vivienda en Bogotá, se recomienda realizar una verificación previa a través del número 601 358 1600, extensión 6005, con el fin de confirmar la legalidad de la propiedad y evitar caer en fraudes.
Y es que no es la primera vez que se registran casos de este tipo en la capital colombiana en 2025.
En Bogotá ya se habían registrado casos similares
Por ejemplo, el 22 de julio, Enel Colombia junto con otras entidades identificaron un fraude cometido por una tintorería en la localidad de Puente Aranda, en el que se reportó una conexión no autorizada de un cable eléctrico que superaba en un 86% la carga máxima permitida, lo que derivó en un robo estimado de 71,5 MWh y un perjuicio económico de alrededor de $72 millones.
Además del robo directo de energía para consumidores, se ha evidenciado también un impacto considerable en la infraestructura pública: durante el primer semestre de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) junto con Enel registraron 14.641 órdenes de trabajo por hurto o vandalismo al alumbrado público en la ciudad.
Entre estos, 3.235 luminarias fueron intervenidas por robo o daño directo. Esta situación no solo implica pérdidas económicas, sino también genera entornos menos seguros en las localidades donde la iluminación pública se ve comprometida.
Estas prácticas del robo de energía y vandalismo contribuyen a que la prestación del servicio eléctrico sea más costosa, más riesgosa para los usuarios y más difícil de sostener desde el punto de vista técnico y económico.
El robo de energía no solo afecta a la empresa suministradora, sino que también genera desequilibrios en la red, posibles sobrecargas e incluso riesgos de accidentes eléctricos en los hogares.
Por ello, las empresas del sector energético en Bogotá han reforzado sus mecanismos de inspección, denuncias y colaboración con las autoridades para contrarrestar estas irregularidades.
Qué consecuencias legales implica el robo de energía en Colombia
El robo de energía en Colombia está tipificado legalmente como delito de defraudación de fluidos y acarrea penas de prisión que pueden llegar hasta los 12 años. Por ejemplo, en la capital se reporta que cometer robo de energía o dañar la infraestructura para ello “comete delitos con penas de hasta 12 años”
Además de la prisión, existen multas económicas sustanciales, que según la normatividad pueden ir entre 1.33 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quienes sean encontrados culpables.
Es por ello que las autoridades han reforzados los operativos contra quienes cometen este tipo de delitos en el país.
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