Colpensiones rechazó de manera enfática la ponencia presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que propone declarar inexequible la Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro aprobada en 2024 por el Congreso de la República. La entidad sostiene que el trámite legislativo cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales y adviertió que la no aprobación de la ley pondría en riesgo tanto la sostenibilidad financiera del sistema como la protección social de millones de colombianos.
La postura, expresada en un comunicado de prensa, marca un punto de tensión clave en el debate sobre el futuro del sistema pensional en Colombia.
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La controversia se desató tras conocerse la ponencia del magistrado Ibáñez, que plantea que la reforma es inconstitucional, a pesar de haber sido aprobada por segunda vez en la plenaria de la Cámara de Representantes. Colpensiones manifestó que “ha tenido conocimiento de la ponencia presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Dr. Jorge Enrique Ibáñez, en el cual plantea que la reforma pensional es inexequible, en contra de las actuaciones que la Honorable Cámara de Representantes adelantó en cumplimiento de las órdenes emitidas en el auto 841 de 2025 (sic)”.
La entidad pública resaltó que, de no aprobarse la reforma, se desprotegería la sostenibilidad financiera del sistema y se pondría en entredicho el proyecto del Gobierno de entregar un bono pensional de $230.000 a los adultos mayores en situación de pobreza.
Subsanación de los vicios
Asimismo, la entidad que preside Jaime Dussán insistió en que la Cámara de Representantes subsanó los vicios de trámite señalados por la Corte Constitucional. “Colpensiones considera que el señor magistrado se equivoca como quiera la Cámara de Representantes sí subsanó el supuesto vicio de procedimiento cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley 5 de 1992, tal como lo indicó también la Procuraduría General de la Nación”, detalló.
Dicha posición coincide con la de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que también respaldó la legalidad del proceso legislativo.
La defensa de la constitucionalidad de la reforma se apoya en el argumento de que el Congreso actuó conforme a la normativa vigente y que la decisión mayoritaria de los congresistas refleja el anhelo legítimo de la población, en especial, de los sectores más vulnerables.
El mayor avance social en Colombia
El fondo público considera que la reforma representa “el mayor avance social en Colombia en los últimos años” y espera que los magistrados restantes de la Corte Constitucional respalden la iniciativa que, según la entidad, “garantiza justicia social, amplía la cobertura para la población más vulnerable, asegura una vejez digna para nuestros adultos mayores y protege las finanzas públicas”.
En cuanto a los riesgos asociados a una eventual caída de la reforma, Colpensiones advirtió que la no aprobación de la ley dejaría vigente la Ley 100, lo que eliminaría la obligatoriedad de cotizar en el fondo público y afectaría la viabilidad de los programas sociales propuestos por el Gobierno. Entonces, de no prosperar la reforma, el objetivo de entregar un bono pensional a los adultos mayores en pobreza quedaría sin respaldo legal y financiero. La entidad enfatizó que la reforma busca ampliar la cobertura y fortalecer la protección social, por lo que su rechazo tendría consecuencias directas sobre la población más vulnerable y sobre la estabilidad del sistema.
Los retos de la Reforma Pensional
Y es que, en otras ocasiones, Colpensiones insistió en la disposición que tiene para asumir los retos que implica la implementación de la reforma. La entidad aseguró que está preparada para ejecutar los cambios necesarios y responder a las nuevas demandas del sistema.
Además, considera que la modernización tecnológica, la eficiencia operativa y la presencia en las regiones son factores clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sistema pensional.
El proceso legislativo de la reforma ha estado marcado por múltiples obstáculos. Tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso y la sanción presidencial de Gustavo Petro en 2024, la Corte Constitucional devolvió la ley al Congreso por vicios de trámite. Luego, la Cámara de Representantes hizo los ajustes requeridos y la reforma regresó a la Corte, donde en la actualidad se discute su futuro. La decisión definitiva del alto tribunal aún está pendiente, mientras se resuelven recusaciones y se analizan los argumentos de las partes involucradas.
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