Los intentos de fraude digital en Colombia muestran una tendencia alentadora a la baja. Durante el primer semestre de 2025, el país registró una tasa del 2,3%, una reducción considerable frente al 3,2% de 2024 y al 4,2% reportado en 2022. La caída, equivalente a la mitad de los casos en tres años, refleja un progreso sostenido en la protección de los entornos digitales, según el último informe de TransUnion.
En comparación con el panorama internacional, Colombia se ubica por debajo del promedio regional y mundial, la tasa latinoamericana fue de 2,8% y la global alcanzó el 3,8%. Aunque el dato es positivo, los expertos advierten que el descenso no debe interpretarse como una victoria definitiva, sino como el resultado de estrategias que deben mantenerse y reforzarse ante la evolución de las tácticas criminales.
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El estudio señaló que los ciberdelincuentes siguen recurriendo a métodos tradicionales, pero altamente efectivos. En el país, las principales modalidades detectadas son el smishing, mensajes de texto fraudulentos diseñados para obtener información personal, y el vishing, que se ejecuta mediante llamadas telefónicas falsas en las que los estafadores suplantan identidades de bancos o empresas reconocidas.
La etapa más vulnerable para los usuarios es la creación de cuentas digitales, que concentra el 6,6% de los intentos de fraude. Le siguen los inicios de sesión con 3,3%, y en menor medida, las transacciones financieras, que registran 0,3% de los casos. Estos datos confirman que los estafadores apuntan a los momentos en los que los usuarios entregan información personal o validan su identidad en línea.
“Estas tendencias resaltan la creciente necesidad de tener estrategias sólidas de verificación de identidad y prevención del fraude desde las primeras etapas de la interacción digital”, explicó Diana Martínez, directora de Soluciones de Fraude en TransUnion Colombia. “Los consumidores siguen siendo tanto objetivos como víctimas de diversos esquemas de fraude, y los latinoamericanos que encuestamos señalaron el smishing y el vishing como las estrategias más utilizadas por los estafadores. Las estrategias de prevención deben poner al consumidor en el centro, enfatizando en la protección de la información personal y las credenciales”, agregó.
A escala global, la situación presenta matices distintos. El informe también reveló que el 3,8% de las transacciones digitales fueron catalogadas como sospechosas de fraude durante el primer semestre del año, una disminución del 22% frente a 2024. Pese al descenso, el fraude basado en identidad continúa siendo una amenaza importante, alimentada por el aumento de identidades expuestas y por la sofisticación creciente de los ciberdelincuentes.
En cuanto a sectores, el de videojuegos fue el más golpeado, el 13,5% de sus operaciones digitales mostró señales de fraude, un incremento del 28% respecto al año anterior. La cifra reveló el interés de los estafadores en plataformas donde circulan datos de pago y perfiles jóvenes, muchas veces más vulnerables ante engaños digitales.
El sector gubernamental también aparece entre los más afectados. En los países latinoamericanos analizados, los intentos sospechosos de fraude en entidades públicas crecieron 80% en promedio, alcanzando una tasa del 8,7% en el primer semestre del año. La razón, según , es evidente, estas instituciones administran datos personales sensibles y son un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.
“Dado que el riesgo de las estafas a consumidores amenaza la integridad de la identidad, las organizaciones dependen de una combinación de datos, señales de riesgo, tecnología y herramientas para prevenir el fraude”, indicó Martínez. “A nivel global, los líderes empresariales clasifican la verificación de identidad, la reputación del dispositivo y la biometría del comportamiento como las tres principales tecnologías de prevención del fraude”, puntualizó.
El informe concluyó que la lucha contra el fraude digital debe ser integral. Las empresas están llamadas no solo a invertir en sistemas de detección, también en campañas de educación y concientización para que los usuarios aprendan a identificar señales de alerta y reportar actividades sospechosas.
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