Así es la medida que presentó el Gobierno Petro y con la que por fin se reduciría el precio del servicio de energía

El Ministerio de Minas y Energía presentó el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una iniciativa que busca transformar el marco regulatorio de los servicios públicos de energía, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la equidad en el acceso a la energía eléctrica. El objetivo central es avanzar hacia una transición energética justa y sostenible, modernizando la legislación vigente y promoviendo la inclusión de diversos actores en la toma de decisiones del sector.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto introduce reformas sustanciales a las Leyes 142 y 143 de 1994, con el propósito de asegurar que la prestación del servicio público de energía sea eficiente, transparente y justa. Además, la propuesta promueve la sostenibilidad financiera del sistema y la adaptación al cambio climático, en respuesta a los desafíos actuales del sector.

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Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que “este proyecto es un paso histórico para democratizar la energía en Colombia. Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios”.

Lo que motiva la iniciativa es la necesidad de actualizar y modernizar el sistema energético colombiano, con lo que se incorporan criterios de justicia social y participación efectiva de los diferentes actores. El Ministerio de Minas y Energía resaltó que la propuesta también abarca una visión integral de democratización y regulación del sector, con impacto directo en la vida de millones de usuarios.

“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, añadió Edwin Palma.

El ministro también señaló que el proyecto de ley es “corto, concreto y conciso: catorce artículos. No es un proyecto de ley solo sobre tarifas, sino, como lo dice su título, busca democratizar el sector energético y regular algunos aspectos de las leyes ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres que necesitamos actualizar, modernizar y tendrá un impacto positivo”. Palma remarcó que la participación de los usuarios y trabajadores será fundamental para la aprobación de la ley en el Congreso de la República, y que la organización social es clave para impulsar los cambios propuestos.

Entre los aspectos principales de la iniciativa, el Ministerio de Minas y Energía enumeró los siguientes:

• Mitigación de los impactos de la Opción Tarifaria: distribuyendo de forma solidaria los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables.
• Reforma en la entrega de subsidios: con criterios técnicos y transparentes que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
• Facturas más claras y sin cobros ajenos al consumo energético: para proteger el bolsillo de los usuarios.
• Mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales: que reduzcan la volatilidad del precio de la energía.
• Tarifas justas y sin abusos: que eviten el cobro doble de activos amortizados o pérdidas no justificadas.
• Tarifas diferenciales para industrias limpias: impulsando el desarrollo regional y la transición energética.
• Fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones: a los territorios impactados por las grandes generadoras, de hasta el 2%, para financiar proyectos sociales, disminuir la pobreza energética y reducir los costos del servicio.

La propuesta contempla la creación de un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y la ciudadanía en los procesos regulatorios. También establece nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país, así como la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El Ministerio de Minas y Energía explicó que estos mecanismos buscan asegurar que la toma de decisiones en el sector energético sea más participativa y refleje las necesidades reales de los territorios. Edwin Palma advirtió que, si el Congreso aprueba dos de los artículos clave del proyecto —el marco para la revisión del cargo por confiabilidad y el tema de los saldos de la opción tarifaria—, se podrá observar una reducción en las tarifas de energía eléctrica para millones de colombianos, especialmente en los estratos uno y dos.

“Si logramos sacar esas dos normas, por ejemplo, el marco para la revisión del cargo por confiabilidad y el tema de los saldos de la opción tarifaria, vamos a ver una reducción en las tarifas de energía eléctrica, en la factura de energía eléctrica de millones de colombianos y colombianas, particularmente de estratos uno y dos”, afirmó el ministro.

Por su parte, la viceministra de Energía, Karen Schutt, resaltó el carácter innovador y participativo de la propuesta. Anotó que el proyecto de ley es un hito en Colombia en donde la transición energética justa se convierte en participativa y equitativa, donde los territorios tendrán la oportunidad de reconocer sus particularidades a nivel de energía y que allí haya unas diferencias para prestar el servicio acorde con los recursos naturales que tiene Colombia.

Schutt también resaltó la importancia de la reindustrialización con energías limpias y la eficiencia energética. “Apostémosle a un proyecto de ley que sin duda alguna redundará en justicia tarifaria, adicionalmente para los usuarios, también para la Colombia que tiene industrias pequeñas que se llaman industria limpia, en donde le apostemos también a la reindustrialización de una industria en donde se recojan factores como eficiencia energética, donde haya nuevas tecnologías y nuevos consumos mucho más eficientes”, insistió la funcionaria.

El Ministerio de Minas y Energía presentó ejemplos concretos de los beneficios de la transición energética justa, como el caso de usuarios en Cali y La Guajira que, gracias a la instalación de paneles solares en sus hogares, han experimentado ahorros reales en sus facturas y acceso a energía más limpia y sostenible. Estas experiencias evidencian el potencial de la reforma para mejorar la calidad de vida y promover la justicia social en diferentes regiones del país.