
Tras una reunión convocada por la Procuraduría General de la Nación, la senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, expresó su preocupación ante la falta de claridad por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la naturaleza jurídica de la consulta programada para el 26 de octubre.
La legisladora aseguró que el encuentro, que reunió a la Procuraduría, la Registraduría y representantes del movimiento, no resolvió la duda principal sobre si la consulta será partidista o interpartidista.
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“Nos vamos, pues, nuevamente a la espera, sin una respuesta de fondo frente a esa pregunta. Lo que sí tenemos claro es que la consulta del 26 de octubre sigue adelante, que todos los colombianos y colombianas están convocados y convocadas a las urnas. Ahora solo se requiere la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral del carácter de la consulta”, dijo la senadora ante los medios de comunicación, al término de la reunión.

La Procuraduría confirmó que la jornada electoral del Pacto Histórico está en firme y que la Registraduría tiene todo dispuesto para su realización en la fecha prevista, sin embargo, el órgano de control pidió al CNE una pronta definición sobre el carácter jurídico de la consulta, pues el partido solicitó que sea reconocida como una consulta partidista.
La falta de una respuesta definitiva no solo mantiene la incertidumbre sobre el tipo de consulta, sino que amplía las tensiones internas dentro de la coalición. Algunos dirigentes expresaron su preocupación por el riesgo de que la consulta se perciba como un proceso improvisado, mientras otros defienden su realización como una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana y medir la fuerza real del movimiento.
El Pacto Histórico enfrenta un desafío jurídico que pone a prueba su cohesión
El proceso de la consulta del Pacto Histórico provocó confusión dentro y fuera de la coalición. El origen del problema radica en que la colectividad aún no es reconocida como partido con personería jurídica propia. Esta situación llevó al CNE y a la Registraduría a considerar el ejercicio como una consulta interpartidista, en la que participan los movimientos que integran la coalición, entre ellos el Polo Democrático y la Unión Patriótica.

La diferencia entre ambas figuras tiene implicaciones importantes, de acuerdo con las normas electorales, quienes participen en una consulta interpartidista no pueden hacerlo nuevamente en otro proceso del mismo tipo. Por esa razón, algunos precandidatos, entre ellos Daniel Quintero, exalclade de Medellín, manifestaron su preocupación y decidieron apartarse, ya que su participación podría impedirles intervenir en la futura consulta del Frente Amplio prevista para marzo de 2026.
La incertidumbre también afectó la imagen del Pacto Histórico como proyecto político unificado. El CNE prohibió el uso del logotipo conjunto en el tarjetón, lo que fue interpretado por algunos sectores como una limitación simbólica al esfuerzo de consolidación del movimiento.
Pese a estas dificultades, la Registraduría mantiene la consulta en firme, con Iván Cepeda y Carolina Corcho como los aspirantes inscritos, no obstante, ambos pidieron garantías jurídicas que eviten eventuales inhabilitaciones en procesos futuros.

El contraste entre el deseo de unificar el proyecto político y las limitaciones impuestas por los entes electorales mantiene al Pacto Histórico en un punto decisivo que evalúa su capacidad de mantener la cohesión y definir su rumbo para los comicios de 2026, a menos de una semana para la consulta.
Durante su intervención, la senadora María José Pizarro insistió en que el Pacto Histórico no abandonará el camino hacia la consolidación de un proyecto común. La legisladora recordó que la coalición representa una apuesta por la transformación política del país y que, por ello, es fundamental que las instituciones electorales actúen con coherencia y transparencia.
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