El anuncio de un posible intercambio de inteligencia militar entre Colombia y Venezuela ha generado inquietud entre especialistas en seguridad y relaciones internacionales, que advierten sobre los riesgos que esta medida podría acarrear para la información sensible de Colombia y la relación con Estados Unidos.
La iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro y confirmada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez en declaraciones a El Tiempo, ha sido objeto de análisis crítico por parte de académicos y expertos en la materia.
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En el desarrollo de un consejo de seguridad realizado en Boavita, Boyacá, el ministro Pedro Sánchez detalló que se están fortaleciendo los mecanismos de cooperación y los canales diplomáticos con Caracas para concretar un encuentro bilateral previsto para noviembre.
Según explicó, el objetivo es establecer un espacio diplomático dentro de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, específicamente en la Mesa Técnica de Seguridad y Defensa, con el fin de compartir información de inteligencia orientada a combatir amenazas transnacionales en la frontera.
El ministro subrayó: “Se están avanzando y realizando a través de canales diplomáticos, allá tenemos un agregado de la Policía”, en referencia a la presencia institucional colombiana en Venezuela.
Sin embargo, la propuesta fue calificada como de “doble filo” por Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, que sostuvo en diálogo con El Tiempo que, aunque la cooperación puede facilitar avances operativos, implica riesgos considerables.
Arévalo argumentó que “desafortunadamente, si se quiere lograr avances operativos, es necesario compartir información con personas del otro lado de la frontera, quienes pueden observar los movimientos de los grupos ilegales desde otra perspectiva".
Y agregó: “Sólo así es posible construir una visión conjunta sobre cuáles son las rutas de distribución, en qué ciudades tienen mayor impacto, qué organizaciones más pequeñas apoyan a estructuras delictivas mayores y, además, detectar qué agentes o autoridades del Estado podrían estar actuando en connivencia con esos grupos ilegales”.
Por su parte, Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, señaló al mismo medio que la iniciativa carece de claridad en aspectos jurídicos y territoriales fundamentales, lo que dificulta comprender su verdadero alcance.
Trejos recordó que el propio presidente Gustavo Petro calificó la medida como “complicada” y advirtió que podría propiciar la infiltración de intereses ajenos a la lucha contra los grupos violentos.
El académico puntualizó: “Tampoco se identifican con claridad las amenazas que se pretende combatir, en particular aquellas de carácter binacional. Y resulta problemático, considerando que hay evidencia clara de que sectores militares venezolanos mantienen coordinación con el ELN en el lado venezolano de la frontera”.
Trejos también alertó sobre la posibilidad de que la información compartida termine en manos de organizaciones armadas ilegales. Según su análisis, el Gobierno colombiano podría entregar datos de inteligencia al ejército venezolano sin garantías de que estos no sean transferidos al ELN o a otras estructuras como la Segunda Marquetalia, que operan en territorio venezolano.
La dimensión internacional del asunto fue resaltada por Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, que expresó para el mismo medio que la decisión parece más una provocación hacia Estados Unidos que una directriz estratégica sólida para las Fuerzas Armadas colombianas.
Bonilla afirmó: “Esto parece más una provocación a Estados Unidos que una verdadera directiva estratégica a las Fuerzas Armadas. No parece una orden presidencial estructurada, con un plan de seguimiento claro”.
Finalmente, el politólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional, Eduardo Pizarro Leongómez, aportó una perspectiva geopolítica al debate.
En sus declaraciones sostuvo que, aunque Colombia no debe respaldar acciones militares de Washington en el Caribe ni una intervención directa que podría desestabilizar la frontera terrestre con Venezuela, tampoco resulta conveniente, en el contexto actual, un intercambio de información sensible entre Bogotá y Caracas. Pizarro Leongómez advirtió: “Esta puede ser mal utilizada por nuestro vecino”.
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