Katherine Miranda denunció ‘jugadita’ del Gobierno para la aprobación del presupuesto 2026: “Nada más ilegal e irresponsable”

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, la discusión sobre el Presupuesto General para la Nación (PGN) de 2026 tomó un giro inesperado cuando la congresista de Alianza Verde Katherine Miranda expresó su total descontento con el proyecto que se encontraba en debate.

Con una postura firme y clara desde su curul, la legisladora no dudó en señalar las falencias y los riesgos que a su juicio representa la propuesta de gasto público presentada por el Gobierno de Gustavo Petro en 2026.

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En la mañana del 15 de octubre, cuando la plenaria alcanzó el cuórum necesario para iniciar la discusión del PGN, la sorpresa vino de la propia representación del Partido Verde, que rápidamente advirtió que el proyecto no cumplía con un requisito esencial: la radicación del presupuesto regionalizado.

El documento, que detalla la distribución de los recursos a nivel territorial, es considerado fundamental para garantizar la transparencia y la correcta discusión de las partidas presupuestales. Sin este informe, según Miranda, el proceso de votación no podía continuar, lo que generó un debate tenso dentro de la Cámara.

“¿Cómo es posible que estemos discutiendo un presupuesto sin tener claro cómo se distribuirán los recursos en los territorios? Esto es un despropósito”, declaró Katherine Miranda desde su curul. La congresista también fue contundente al señalar que la falta de este documento podría estar orientada a una maniobra política para forzar la aprobación del presupuesto por decreto, una acusación que resonó con fuerza en la sala.

Miranda continuó su intervención al destacar los problemas estructurales que, según ella, presenta el proyecto de presupuesto: “Este presupuesto no responde a las necesidades del país. A pesar de la reducción de $10 billones respecto a la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda, sigo viendo un gasto público inflado y áreas clave como educación, agricultura y vivienda recibiendo recortes alarmantes”.

En su intervención, la representante hizo especial énfasis en varios puntos críticos del presupuesto, comenzando por lo que consideró un manejo irresponsable de las rentas del presupuesto; según Miranda, el artículo primero del proyecto de ley plantea que las rentas del presupuesto incluirían la reforma tributaria, una medida que calificó de ilegal e irresponsable.

“¿Cómo pueden poner como parte de las rentas del presupuesto una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada?”, cuestionó enfáticamente.

Otro tema que causó indignación en la congresista fue el incremento del gasto en funcionamiento, especialmente en el rubro de personal: “El aumento del gasto en personal es del 11%, y lo peor de todo es que este incremento se reflejará en un gasto adicional de $6 billones”.

Además, agregó que el dinero del Fondo Paz, destinado originalmente para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Farc-EP, se estaba utilizando de manera inadecuada, en actividades como la organización de eventos y el pago de transporte y almuerzos, en lugar de ser dirigido a los verdaderos beneficiarios de la paz en Colombia.

“No nos engañemos, el Gobierno está malgastando los recursos destinados a la paz. Esta no es la forma de avanzar en la implementación del acuerdo”, dijo la congresista, mientras criticaba la asignación de recursos para otras áreas como el comercio, que recibió un aumento del 27% en el presupuesto.

“Este aumento no tiene ninguna justificación clara, mientras que sectores como educación, agro y vivienda sufren recortes significativos”, señaló Miranda con una actitud visiblemente frustrada.

Asimismo, la congresista lanzó una advertencia rotunda: “Este presupuesto es profundamente irresponsable. Está amarrado a una reforma tributaria que ni siquiera ha sido aprobada y refleja una visión cortoplacista del gobierno. Yo no puedo votar a favor de algo así”.

El debate sobre el presupuesto continuó tras un receso de más de dos horas, en medio de los cuestionamientos de otros congresistas y la presión de los ponentes para llegar a un consenso.

En la votación final, el presupuesto recibió el respaldo de la mayoría en ambas cámaras, con 50 votos a favor en el Senado y 83 en la Cámara de Representantes; sin embargo, los sectores más críticos del proyecto aseguraron que seguirían luchando para que los recursos del presupuesto se distribuyeran de manera más equitativa y responsable, especialmente en áreas como educación, agricultura y vivienda.