Abelardo de la Espriella exigió rectificación del ministro Eduardo Montealegre por llamarlo “abogado de la mafia

La controversia entre Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre escaló tras la reciente difusión de un video en el que el titular de la cartera calificó al precandidato presidencial como “abogado de la mafia”. Esta declaración, realizada en al menos tres ocasiones durante la grabación publicada en redes sociales el 14 de octubre de 2025, motivó que la defensa de De la Espriella presentara una solicitud formal de rectificación y eliminación de información ante el despacho ministerial.

El documento, radicado el 15 de octubre de 2025 por el abogado Germán Calderón España, representante legal de De la Espriella, sostiene que las afirmaciones de Montealegre vulneran los derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del precandidato. Calderón España argumenta que el ministro de Justicia incurrió en expresiones “graves, directas e infundadas” al asociar a su cliente con actividades criminales, sin aportar pruebas que respalden tales señalamientos.

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Según el texto presentado, la viralización de estas declaraciones en redes sociales agrava el daño reputacional y coloca a De la Espriella en una situación de indefensión.

La solicitud exige que el titular de la cartera se retracte públicamente e, incluso, utilice los mismos canales y con el mismo alcance de difusión que tuvo el video original. En caso de que el ministro Montealegre no acceda a la rectificación, la defensa de De la Espriella le exige que presente las pruebas que fundamenten sus afirmaciones. El derecho de petición advierte que, de no cumplirse estas pretensiones, se interpondrán acciones judiciales, tanto penales como civiles, por los delitos de injuria y calumnia agravada, además de hostigamiento.

El origen de este enfrentamiento no se limita al reciente cruce de declaraciones. El 4 de octubre, el movimiento Defensores de la Patria, al que pertenece De la Espriella como precandidato presidencial, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.

En esa denuncia, se acusó a Montealegre de participación indebida en política, tras una entrevista concedida a Semana en la que el ministro expresó sus preferencias y distancias respecto a algunos aspirantes presidenciales. Como consecuencia, el 7 de octubre, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria formal contra el ministro.

En el video publicado el 14 de octubre, Montealegre anunció además que denunciará penalmente al procurador Gregorio Eljach por presunto prevaricato. En ese contexto, el ministro afirmó: “Hace varios años investigó a Eljach por un acto de corrupción cometido junto con el abogado de la mafia Abelardo de la Espriella”. La defensa del precandidato presidencial sostiene que estas palabras no solo carecen de veracidad, sino que constituyen un ataque directo a su dignidad y reputación.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la solicitud presentada por la defensa de De la Espriella. El enfrentamiento entre ambos abogados, uno vinculado al Gobierno Petro y el otro inmerso en la contienda electoral, añade un nuevo episodio a las tensiones entre miembros del gabinete y aspirantes a la Presidencia.

En una carta firmada por el presidente del Senado, Lidio García, y otros legisladores, los congresistas expresaron su rechazo a las declaraciones de Montealegre, calificándolas de calumniosas e injuriosas. Según el documento, “rechazamos de manera categórica las afirmaciones calumniosas e injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, en contra del Procurador General de la Nación, doctor Gregorio Eljach Pacheco”, según consta en la misiva.

El pronunciamiento de los legisladores subraya que tales manifestaciones no solo afectan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida, también constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país. En la carta, los firmantes sostienen que estas declaraciones desconocen la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación como órgano de control.

Además, los congresistas advirtieron que los señalamientos de Montealegre contravienen los principios de respeto y colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público, por lo que solicitaron al ministro que preserve el respeto y la armonía institucional.

En el mismo sentido, instaron a Montealegre a evitar que las diferencias de criterio se traduzcan en ataques personales o institucionales que puedan socavar la confianza ciudadana en las instituciones. Le exigieron “prudencia, responsabilidad y mesura”, especialmente en casos como el del procurador, dado que la reacción del ministro se produjo tras el inicio del proceso disciplinario en su contra.