Iris Marín advierte que el presupuesto 2026, de aprobarse, reduciría 47,3% la inversión de la Defensoría del Pueblo

La reciente ponencia del presupuesto nacional para 2026 generó inquietud en el ámbito institucional tras la advertencia de Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Marín señaló que, de aprobarse la propuesta actualmente radicada, la Defensoría del Pueblo experimentaría una reducción del 47,3% en su presupuesto de inversión frente a 2024, cifra que considera incompatible con el cumplimiento de las funciones constitucionales de la entidad.

La defensora subrayó que el texto presentado ante el Congreso implica una disminución adicional en los recursos asignados a la entidad. A través de su cuenta en la red social X, Iris Marín afirmó: “Se radicó la ponencia de presupuesto para el año 2026. La ponencia recorta aún más el presupuesto de Defensoría para el próximo año. La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante”.

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En su pronunciamiento, Marín planteó interrogantes sobre la política estatal frente a la protección de derechos fundamentales: “¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”. Para la funcionaria, la aprobación del presupuesto como lo propone el Congreso dejaría a la Defensoría con el 47,3% menos de recursos de inversión respecto a 2024, lo que tendría repercusiones directas en su misión y despliegue territorial. Según Marín, “esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”.

A estos señalamientos, la defensora sumó cifras nuevas en sus redes sociales: “Con un recorte de $59.530 millones de pesos, la Defensoría tendrá 5% menos de presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025. El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30% menos en 2026, respecto al presupuesto de inversión de 2025”.

Marín precisó que, en total, la entidad recibiría $151.222 millones menos de los solicitados para operar en 2026, equivalentes a un 11,2% menos del presupuesto requerido para cumplir sus obligaciones.

La funcionaria destacó que este ajuste presupuestal generaría “el segundo año de recorte consecutivo del presupuesto de la entidad”. Según Marín, en 2025 ya se había aprobado un 6,9% menos respecto a la solicitud inicial y ahora la reducción sería de 11,2%. “El presupuesto aprobado en los años 2023 y 2024 había superado lo que la Defensoría solicitó. En 2025, se aprobó el 6,9% menos del solicitado y este año, será el 11,2% menos”, detalló.

Marín advirtió que la reducción de recursos se produce cuando organismos internacionales y agencias humanitarias de Naciones Unidas disminuyen su presencia en Colombia a causa de recortes en la cooperación internacional. Para la Defensoría, esto compromete la capacidad del Estado en áreas prioritarias de protección y acompañamiento humanitario en todo el territorio, especialmente en zonas afectadas por la violencia y en la antesala de un año electoral con altos riesgos para poblaciones vulnerables.

La defensora enfatizó riesgos concretos:

• Afectación de la capacidad de monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas.
• Cierre de casas de derechos en zonas impactadas por violencia, atención limitada a víctimas, reducción de jornadas en el territorio y seguimiento a líderes sociales.
• Limitación del acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género.
• Menor capacidad para acompañar crisis del derecho a la salud y prevenir el reclutamiento de menores.
• Reducción de implementación del Acuerdo de Escazú y atención a comunidades migrantes y refugiadas con protección internacional.
• Disminución del apoyo ante crisis ambientales y penitenciarias.
• Afectación en la cobertura del Servicio Nacional de Defensa Pública y obras de infraestructura en sedes en condiciones de hacinamiento o riesgo.

De acuerdo con Marín, estos recortes se adoptarían por decisión unilateral del Congreso, sobre un proyecto presentado por el Gobierno, sin diálogo con la entidad ni respeto a la autonomía presupuestal establecida en la Constitución y los Principios de París para instituciones de derechos humanos.

La defensora del pueblo hizo un llamado público al Congreso para que reevalúe la decisión considerando sus consecuencias: “La Defensoría requiere del respaldo institucional para cumplir su misión. Lo seguiremos haciendo aunque las condiciones se tornen adversas, con la esperanza de que las poblaciones más vulnerables no queden sin acompañamiento”, expresó en sus redes sociales.

Más allá de la preocupación presupuestal, el trámite legislativo del proyecto presentó situaciones no habituales. Solo tres de los once senadores habilitados para firmar la ponencia lo hicieron: John Jairo Roldán, Claudia Pérez (ambos del Partido Liberal) y Aída Avella (Pacto Histórico).

El documento, firmado por integrantes de las comisiones económicas, establece un monto total de 546,9 billones de pesos y será sometido a debate en las plenarias del Congreso desde el miércoles 15 de octubre.

El resto de los senadores, llamados a rubricar la ponencia, no lo hizo, lo que generó cuestionamientos acerca del consenso político en torno al diseño y distribución de los recursos para el año siguiente. Este contexto se produce mientras persiste la discusión sobre la viabilidad de la reforma tributaria 3.0 presentada por el Ejecutivo, que busca adicionar 26,3 billones de pesos al presupuesto mediante nuevos gravámenes y la eliminación de exenciones.

El análisis presentado en el Congreso señala que el monto total propuesto corresponde al 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total aprobado en primer debate, el 19% del PIB será destinado a gastos de funcionamiento, el 5,3% a servicio de la deuda pública y el 4,6% a inversión.

La obtención plena de estos recursos depende de la sanción de la reforma tributaria en proceso, considerada la propuesta de gravamen más elevada en la historia fiscal del país. Según el documento radicado, la financiación se distribuye en 16,5% del PIB en ingresos corrientes, 9,5% en recursos de capital y 1,5% proviene de contribuciones parafiscales y fondos especiales. Destaca que 15,6% corresponde a ingresos tributarios ordinarios.

Este diseño presupuestal hace que diversas entidades, como la Defensoría del Pueblo, queden a la expectativa de ajustes en la ley de financiamiento y de decisiones en la asignación definitiva de partidas, en medio del riesgo de ver afectadas sus operaciones esenciales.

La ponencia presupuestal incorpora modificaciones significativas en materia de impuestos, con particular incidencia en sectores como el consumo, los servicios financieros y la minería. Entre las medidas planteadas se incluye el incremento de impuestos al consumo sobre el licor, los juegos de suerte y azar, y ciertos espectáculos, así como el aumento progresivo del IVA en combustibles.

También se proponen nuevas reglas para activos digitales y un mayor gravamen a personas de altos ingresos. La eliminación de beneficios fiscales y la expansión del IVA en el turismo forman parte del mismo paquete de medidas, que según el gobierno es indispensable para sostener el presupuesto, abordar el déficit fiscal existente y responder a los compromisos del Estado.

Las críticas a la propuesta giran en torno a la posible afectación a órganos autónomos. La Defensoría del Pueblo se situaría entre las entidades más afectadas, dada su función de promoción y defensa de los derechos humanos. En opinión de Iris Marín, la decisión que el Congreso se dispone a adoptar genera interrogantes sobre la prioridad institucional conferida a los derechos fundamentales en el diseño presupuestal de 2026.

El debate continuará en las plenarias del Congreso, donde se espera que se definan tanto los montos definitivos como la viabilidad de los recursos extraordinarios sujetos a la ley de financiamiento. Según la funcionaria, el futuro de la Defensoría del Pueblo, y de otras entidades con funciones constitucionales, dependerá de los ajustes que se realicen en la discusión legislativa y de la disposición política para garantizar el ejercicio de sus competencias esenciales el próximo año.