
El Mazda 626 Matsuri modelo 1995, color perla y placas PEI-2XX, se ha convertido en el eje de la investigación sobre el atentado contra dos activistas venezolanos en Bogotá.
Este vehículo, registrado a nombre del empresario Jhon Jairo R. R., oriundo de Risaralda, fue utilizado por los sicarios para perpetrar el ataque y posteriormente abandonado en la localidad de Suba.
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Las autoridades consideran que el automóvil y los elementos hallados en su interior representan la principal pista para esclarecer el caso, según información obtenida por El Tiempo.
El automóvil en cuestión, cuyas placas están bajo verificación para determinar si son originales o gemeladas, figura en los registros oficiales como propiedad de Jhon Jairo R. R..
De acuerdo con un informe de inteligencia citado por el medio mencionado, el empresario también aparece como titular de un local comercial en Dos Quebradas, identificado como peluquería y boutique.
Además, el Mazda 626 ha sido rastreado en diferentes ciudades, incluyendo Circasia (Quindío) y Cartago (Valle), lo que amplía el espectro de la investigación sobre sus movimientos previos al atentado.
Al cierre de la edición, ni el propietario ni su esposa, quien ejerce como médica, habían respondido a los intentos de contacto realizados por el medio.
El ataque ocurrió hacia el mediodía del lunes 14 de octubre en el edificio Zahir, ubicado en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.
Las víctimas, Luis Alejandro Peche Arteaga, analista político venezolano perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista Lgbtiq+, residían en el apartamento 504, mientras que los agresores se encontraban en el 204 del mismo edificio.
Esta proximidad facilitó la vigilancia y ejecución del atentado. Los sicarios, captados por cámaras de seguridad, salieron del edificio y abordaron el Mazda 626 para huir tras disparar a las víctimas en las piernas y el abdomen.

La investigación, liderada por el CTI de la Fiscalía y la Policía de Bogotá, se ha centrado en la recolección de videos y testimonios en el lugar de los hechos. Los agentes verifican la autenticidad de la matrícula del vehículo y rastrean los movimientos del propietario.
En el interior del Mazda abandonado, las autoridades hallaron dos pistolas que habrían sido utilizadas en el ataque. Según el comandante de la estación de Policía de Suba, Ricardo Chaves, estas armas resultaron ser traumáticas modificadas, un detalle que las diferencia de las empleadas en otros casos similares.
El caso ha despertado sospechas sobre posibles vínculos con el Tren de Aragua, organización criminal transnacional. El Tiempo señala que los investigadores cruzan información con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile, donde uno de los implicados pertenece a una facción de dicha organización.
Aunque en el atentado de Bogotá los sicarios abandonaron tanto el vehículo como las armas, lo que no encaja con el patrón habitual, las autoridades exploran si el objetivo era enviar un mensaje más que ejecutar un homicidio.
Además, se investiga si los responsables buscan acogerse a la ‘paz total’ propuesta por el gobierno colombiano.
Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente Gustavo Petro anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará los esquemas de seguridad para activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia.
“Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, afirmó el mandatario. Por su parte, la líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, exigió garantías para la protección de los dos activistas, subrayando que “este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”, según recogió El Tiempo.
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