La controversia se agudizó cuando el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que no existen diálogos de paz con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la organización criminal La Inmaculada.
La declaración, reportada por Noticias RCN en los primeros compases de la semana, surgió tras la revelación de una carta enviada por el líder criminal al Gobierno nacional, lo que desató una ola de interrogantes sobre la posición oficial del Ejecutivo frente a eventuales negociaciones con grupos armados ilegales.
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En el documento, “Pipe Tuluá” señaló que hay “un proceso de diálogo y negociación de paz” con las autoridades del Estado, lo que, según sus palabras, lo habilitaría como interlocutor en busca de un acuerdo que incluya el cese de acciones violentas dirigidas contra funcionarios públicos.
Aunque estas afirmaciones circularon ampliamente en medios, el comisionado de Paz negó tener conocimiento de mesas de negociación en curso con ese grupo, subrayando el distanciamiento entre los relatos públicos de miembros del crimen organizado y la postura del Gobierno.
La carta de “Pipe Tuluá”, dirigida de manera formal a figuras clave de la administración, como el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, el director de Inteligencia, Jorge Lemus, y el propio comisionado Otty Patiño, reabrió el debate sobre la política penitenciaria y la posible mediación de actores criminales en asuntos de seguridad nacional.
Acercamientos, gestos de paz y dudas sobre la política carcelaria
La polémica aumentó cuando Noticias RCN publicó que existe una resolución firmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la que se autoriza y califica como “gesto de paz” la entrega voluntaria de un arma corta por parte de “Pipe Tuluá”.
Este hecho, según informó el medio, habría tenido lugar tras una alerta emitida por el cabecilla acerca del ingreso de una pistola en la cárcel La Picota, información que involucraba al Tren de Aragua e iba dirigida a prevenir un posible homicidio dentro del penal.
De acuerdo con el informe, una delegación oficial en la que participó la senadora Isabel Zuleta se desplazó hasta La Picota para comprobar la veracidad de la alerta y gestionar la recuperación del arma, acción que la delegada definió como “un gesto de reconciliación”.
Este acercamiento, aun cuando fue catalogado por algunas voces políticas y mediáticas como avance hacia la pacificación carcelaria, derivó en interpretaciones opuestas sobre el nivel real de interlocución que el Gobierno estaría manteniendo con líderes de estructuras criminales.
Presuntamente, el arma iba destinada a integrantes del Tren de Aragua para atentar contra alias Araña, cabecilla de las disidencias, según el medio mencionado, citando fuentes que solicitaron reserva.
La misiva de Pipe Tuluá abordó el incremento de la violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El cabecilla reconoció la gravedad de los recientes ataques a dragoneantes y custodios, además de expresar su “voluntad inquebrantable de contribuir a la superación de la crisis de seguridad y la consolidación de paz territorial”.
El debate permanece abierto tras los episodios de violencia reportados en los últimos meses y la difusión de documentos que involucran a funcionarios de alto rango y legisladores en episodios de intervención directa.
A medida que el debate continúa en la esfera pública y legislativa, tanto el Gobierno nacional como sectores de la sociedad exigen mayor claridad y rigor en la gestión de sus políticas de paz y seguridad penitenciaria.
Por ahora, la tensión entre la versión del Estado y las manifestaciones de cabecillas privados de la libertad reafirma la complejidad del proceso hacia la estabilización y el fortalecimiento institucional en Colombia.
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