El lunes 13 de octubre de 2025, la Policía Nacional fue acusada de hostigar y amenazar a defensores de derechos humanos y comunidades campesinas durante una protesta pacífica en el municipio de Confines, Santander.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios denunciaron que los agentes involucrados ocultaron sus identificaciones mientras altos mandos de la institución encabezaban la intervención.
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Según la información difundida por Colombia Informa, esta situación aumentó la preocupación sobre la seguridad de activistas y la vigencia de los derechos civiles en la región.
De acuerdo con las denuncias recogidas por la agencia de noticias citada, el mayor Julián Ramírez y el subintendente Edward Jaimes dirigieron el operativo policial, acompañados por el patrullero de la Sijín, Miguel Prada.
Diversos videos circulados en redes sociales muestran una escalada de tensión, en la que habitantes del municipio habrían lanzado piedras al grupo que protestaba de forma pacífica, después de recibir presiones de la Policía.
Los manifestantes relataron que la presencia policial siguió una estrategia definida como “intimidante y escalonada”, con múltiples uniformados sin distintivos de identidad.
Manifestantes denuncian perfilamiento ilegal y ocultamiento de identidades
Las organizaciones de derechos humanos y los líderes campesinos señalaron a la fuerza pública y a civiles afines de haber incitado a los habitantes de Confines a confrontar a quienes se manifestaban.
Durante la protesta, los agentes evitaron mostrar su identificación, lo que impide la trazabilidad de sus acciones y protege posibles conductas violatorias de derechos humanos.
A raíz de estos hechos, el grupo de manifestantes solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Inspección General de la Policía que inicien investigaciones disciplinarias urgentes contra los tres agentes identificados, ante presuntos delitos de hostigamiento, perfilamiento ilegal y violación de las garantías contempladas en el Decreto 003 de 2021.
Las organizaciones exigieron, además, que durante cualquier manifestación la presencia de la Policía Nacional esté plenamente identificada y no conforme equipos de diálogo desarmados.
Peticiones a las autoridades municipales y departamentales
Las comunidades afectadas extendieron el llamado a la Alcaldía de Confines, a la Gobernación de Santander y a la Comandancia de Policía departamental, exigiendo garantías inmediatas para el ejercicio del derecho a la protesta social.
Los reclamos incluyeron la exigencia de implementar acciones institucionales que detengan la estigmatización de las comunidades campesinas y defensores de derechos humanos, además de contrarrestar la desinformación generada entorno a las protestas.
En sus solicitudes, los líderes comunitarios señalaron la necesidad de fortalecer los canales de diálogo social con respeto a la autonomía de las comunidades rurales.
Principales demandas de la movilización social
La protesta en Confines hace parte de un movimiento más amplio a nivel nacional. Según los reportes de Colombia Informa, la movilización social, que comenzó en la Universidad Nacional, reclama por temas estructurales que afectan a diversas regiones de Colombia.
Entre las principales demandas figuran la legitimidad de la movilización como derecho fundamental, el desmonte de la doctrina militar y del paramilitarismo, la defensa de la soberanía nacional, la denuncia de la emergencia humanitaria y el cumplimiento de acuerdos previos con el Estado.
Las organizaciones enfatizaron que las transformaciones necesarias y los acuerdos incumplidos motivan la continuidad de las protestas, que se mantendrán dentro de los marcos legales y en cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Los manifestantes insisten en que toda intervención estatal debe salvaguardar la integridad y los derechos de quienes ejercen la protesta pacífica.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron la exigencia de cese inmediato a toda forma de perfilamiento, hostigamiento y amenaza, así como la investigación de posibles irregularidades cometidas por la Policía Nacional durante la intervención del 13 de octubre.
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