
Las autoridades en Santander lograron desmantelar un grupo criminal que colaboraba con las disidencias de las Farc para extorsionar a finqueros y comerciantes en la región.
La organización, conocida como Los Cérberus, operaba principalmente en el municipio de Landázuri, donde intimidaba a sus víctimas utilizando la amenaza y la violencia.
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La acción de la Policía Nacional y el Gaula Militar permitió la captura de dos de los principales integrantes del grupo, identificados como Jhonatan Ernesto Silva Garzón, alias Comandante Alfonso, y Wuilmer Caviedes Pastrana, alias Wilmer.
Según la información recogida por Vanguardia, ambos fueron detenidos en los municipios de Algeciras y Rivera, en el departamento del Huila.

Durante la investigación, que se prolongó por más de dos años y nueve meses, las autoridades establecieron que los capturados exigían a comerciantes y propietarios de fincas el pago de tres millones de pesos.
Quienes se negaban a entregar el dinero enfrentaban amenazas con armas de fuego y granadas. De acuerdo con datos de las autoridades, el grupo delincuencial llegó a recaudar más de 100 millones de pesos mensuales mediante sus actividades ilícitas.
El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó que “otro de los miembros de esta banda, alias El Negro Chener, fue abatido en una operación del Ejército en Nariño, alias Jhonsito se había desplazado a España, donde fue capturado por unidades de Interpol, y se está realizando el proceso migratorio para su traslado a Colombia”.
En el procedimiento de captura, los organismos de seguridad incautaron dos teléfonos celulares con información relevante para las investigaciones judiciales. Posteriormente, Silva Garzón y Caviedes Pastrana fueron presentados ante un juez de control de garantías y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Además del impacto en Landázuri, la estructura mantenía vínculos logísticos y operativos con las disidencias de las Farc, lo que les permitía ampliar su alcance y ejercer el control sobre varios municipios.
El coronel Arévalo Montenegro destacó que “esta operación demuestra el compromiso de la Policía Nacional por desmantelar las redes criminales que afectan la tranquilidad y el desarrollo de las regiones”.
Desarticularon banda dedicada al microtráfico de estupefacientes en Santander
Las autoridades de Santander capturaron a 19 integrantes de Los Discover, una organización dedicada al microtráfico que operaba en el municipio de San Gil y adoptó el envío de droga a domicilio como parte de su estrategia delictiva.
El trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular la red tras una investigación que se inició por denuncias ciudadanas.
La banda delincuencial distribuía estupefacientes en entornos escolares y zonas frecuentadas por menores de edad, lo que incrementó la preocupación de las autoridades y los habitantes locales.
Las pesquisas revelaron que el grupo coordinaba la entrega de drogas no solo en lugares públicos, sino que organizaba envíos directamente hasta las residencias de los compradores, utilizando vehículos y motocicletas para evadir controles policiales.

La investigación se inició tras seis denuncias sobre la compraventa de drogas en diferentes barrios de San Gil.
Las autoridades establecieron que los capturados formaban parte de una sola estructura de microtráfico y cada integrante tenía funciones específicas, lo cual facilitaba la logística en la distribución y eludir la vigilancia de los cuerpos de seguridad.
Durante los operativos, la Policía y la Fiscalía realizaron cinco allanamientos en los que incautaron estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una motocicleta empleada para movilizar las sustancias ilegales en el municipio.
Además, fueron encontrados elementos utilizados para dosificar y empacar las drogas antes de su distribución en áreas críticas como colegios y viviendas.
Tras la detención de los 19 presuntos miembros, entre los que hay tres mujeres, todos fueron presentados ante un juez de control de garantías. Se les imputaron cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que los implicados no aceptaron.
Sin embargo, a los señalados les fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que implica prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
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