Revelan preocupante diagnóstico interno de la Nueva EPS: Medicamentos pendientes por entrega aumentaron un 160%

El sistema de salud colombiano atraviesa una situación crítica tras la revelación de un diagnóstico interno de la Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud del país.

Según documentos obtenidos por El Espectador, los medicamentos pendientes de entrega a los afiliados aumentaron un 160% entre abril de 2024 y abril de 2025, afectando a más de dos millones de personas. Este incremento sin precedentes en la falta de acceso a medicamentos esenciales ha profundizado la crisis de salud, con consecuencias directas para los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

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El informe interno, citado por El Espectador, detalla que el 17,5% de los afiliados de la Nueva EPS experimentó dificultades para recibir sus medicamentos en el periodo analizado.

El impacto ha sido especialmente severo en pacientes críticos: el 91% de los trasplantados no recibió los fármacos requeridos al solicitarlos, y el 90% de quienes perdieron un trasplante tuvieron acceso inadecuado a medicamentos y debieron regresar a diálisis. Además, el 71% de los pacientes con enfermedad renal crónica sufrió interrupciones en sus tratamientos.

El análisis advierte que, aunque no siempre es posible establecer una relación causal directa entre la pérdida de un trasplante y la falta de medicamentos, la interrupción de tratamientos en pacientes crónicos incrementa los riesgos para la salud y eleva los costos médicos. Esta situación se traduce en un aumento de hospitalizaciones evitables, con 729 casos reportados, y en una mayor presión sobre los servicios de urgencias y cuidados intensivos.

El deterioro en la entrega de medicamentos ha generado también un alza importante en las quejas formales y acciones legales. Entre abril de 2024 y abril de 2025, se registraron 289.933 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Pqrs), así como 255.380 tutelas interpuestas por los usuarios, según los datos revisados por El Espectador.

A la par de la crisis de medicamentos, el sistema enfrenta un aumento sostenido en los trámites administrativos. Las solicitudes de autorizaciones para acceder a servicios de salud pasaron de 3,2 millones en junio de 2023 a más de 4,8 millones en junio de 2025. Más del 67% de estas autorizaciones corresponde a servicios básicos como apoyo diagnóstico, medicamentos y consultas médicas, que deberían estar garantizados desde el primer nivel de atención sin requerir trámites adicionales.

El análisis incluido en el informe señala que esta tendencia refleja una pérdida progresiva de capacidad resolutiva en la atención primaria y una dependencia creciente de procesos administrativos, en contradicción con las directrices del Gobierno nacional, que ha ordenado eliminar estas barreras para facilitar el acceso a la salud.

El incremento de trámites no solo dificulta el acceso, sino que desviaría recursos y esfuerzos hacia la gestión administrativa, en lugar de centrarse en la gestión del riesgo en salud.

El informe recomendó replantear el modelo de acceso, fortalecer la atención primaria y simplificar los mecanismos de autorización para responder de manera efectiva a las necesidades de la población.

En el plano financiero, la Nueva EPS ha recurrido cada vez más al uso de anticipos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Los anticipos, que deberían ser una medida excepcional para garantizar la continuidad de la atención, se han convertido en una práctica habitual.

En 2023 se registraron 795 solicitudes por $4.681 millones; en 2024 la cifra se duplicó a 1.607 solicitudes y $8.585 millones. Entre enero y agosto de 2025, ya se contabilizaban 1.252 solicitudes por más de $7.439 millones.

La Contraloría, citada por El Espectador, advierte que la falta de seguimiento y auditorías en estos anticipos puede facilitar incumplimientos, concentración de recursos en prestadores sin capacidad y dificultades para recuperar fondos públicos.

Simultáneamente, la capacidad de la Nueva EPS para detectar fraudes y prevenir irregularidades ha disminuido de forma preocupante. Mientras en 2023 se identificaron 336 casos de fraude, en 2025, con corte a agosto, solo se registraron 94. El monto de pérdidas evitadas mediante controles internos también descendió, pasando de $5.565 millones en 2023 a $1.370 millones en 2025.

El deterioro en los tiempos de referencia y contrarreferencia hospitalaria constituye otro síntoma de la crisis. Las solicitudes para trasladar pacientes a hospitales de mayor complejidad aumentaron de un promedio mensual de 28.570 en 2023 a 35.776 en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 25%.

Este aumento responde a una mayor demanda hospitalaria por enfermedades crónicas, limitaciones en la red prestadora y una débil implementación de la telesalud. El volumen de referencias hospitalarias de la Nueva EPS en 2025 podría superar el 40% de la capacidad hospitalaria nacional, lo que genera una presión sobre la red asistencial, especialmente en departamentos con baja oferta de camas y servicios de apoyo diagnóstico.

Los tiempos de espera para la gestión de estas solicitudes también se han extendido de manera alarmante. En julio de 2025, el promedio de espera alcanzó las 52,9 horas, frente a las 33,7 horas registradas en el mismo mes de 2024. Este retraso compromete la seguridad de los pacientes y aumenta el riesgo clínico, especialmente en casos que requieren atención urgente.

La atención primaria, que debería resolver la mayoría de los problemas de salud de baja y mediana complejidad, muestra signos de colapso. Entre enero de 2024 y julio de 2025, las autorizaciones para referencias ambulatorias aumentaron un 40,8%, pasando de unas 89.800 a más de 125.800 mensuales. A julio de 2025, 64.055 afiliados solicitaron cobertura de transporte y alojamiento por servicios no disponibles en su lugar de residencia, y más de 21.700 personas realizaron más de cinco traslados en el año.

El informe atribuye este fenómeno a limitaciones en la articulación de la red, ausencia o cierre de servicios habilitados y debilidades en la gestión del riesgo ambulatorio, lo que incrementa los costos y afecta la oportunidad de la atención.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, la presión sobre los presupuestos máximos es cada vez mayor. Hasta julio de 2025, la Nueva EPS había ejecutado más de $859.813 millones de estos recursos, destinados a financiar servicios y tecnologías en salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Más de la mitad de este monto, el 52,6% ($472.524 millones), se destinó a servicios complementarios, con el mayor gasto en el pago de cuidadores ($148.000 millones para 6.255 afiliados). El informe advierte que este patrón de gasto, impulsado en parte por fallos judiciales y órdenes de tutela, reduce los recursos disponibles para tratamientos y medicamentos y distorsiona el propósito de los presupuestos máximos, concebidos para financiar servicios excepcionales o de baja frecuencia.

Además, la incapacidad de la EPS para gestionar las tendencias de prescripción ha permitido la proliferación de prácticas clínicas con bajo impacto costo-beneficio, lo que incrementa el gasto sin mejoras reales en la salud de los pacientes.