
El 12 de octubre de 2025, un nuevo giro en el caso de Piedad Córdoba agita las aguas políticas y judiciales del país, pues la revelación de la condena de José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), por su responsabilidad en el secuestro de la exsenadora en 1999, desató una serie de reacciones a nivel nacional.
La jueza Claudia Castro dictó una sentencia que condenó a Narváez a 28 años de prisión por ser determinador del secuestro extorsivo agravado, además de imponerle 20 años de inhabilitación. Este fallo reabrió el caso, que se encuentra en pleno proceso de esclarecimiento, y llevó a nuevos destalles.
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El 12 de octubre, en la noche, la revista Raya en colaboración con Señal Colombia, adelantó que en su próximo informe exclusivo se harían públicas unas revelaciones que podrían cambiar radicalmente el curso de la investigación. Según la revista, se darán a conocer las declaraciones inéditas de un exlíder de las AUC, alias Ernesto Báez, que habría revelado detalles sobre las personas involucradas en el secuestro y posterior intento de asesinato de la senadora Córdoba.

Entre estos detalles, se menciona el nombre de un empresario que, según Báez, habría sido el que ordenó la ejecución del crimen contra la líder política. La noticia de estas posibles revelaciones no pasó desapercibida, y la respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar.
A través de su cuenta de X, el mandatario emitió un mensaje contundente sobre el curso de la justicia en este caso. En su mensaje, Petro se posicionó de manera decidida, reafirmando su compromiso con la búsqueda de la verdad y con la liberación de aquellos que fueron víctimas de la violencia política en Colombia.
Petro expresó en su post: “¿Qué empresario ordenó asesinar a Piedad Córdoba? La hora de la verdad es ya. Bajo mis atribuciones legales garantizo que la verdad será libertad. ‘La verdad os hará libres’”. Esta cita, tomada de las escrituras bíblicas, quiso reflejar su postura ante los hechos y su interpretación de la justicia bajo sus competencias presidenciales.

Aunque el jefe de Estado pretendía destacar la importancia de que la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado salga a la luz, sus palabras no solo fueron recibidas como un mensaje de justicia; muchos usuarios de la red social comenzaron a cuestionar el tono y el contenido de su declaración.
De esta manera, algunos internautas escribieron: “Se “murió” justo cuando la iban a pedir en extradición?“; ”Indignado por quienes “ordenaron asesinar” a quien murió de manera natural, mientras le mandó a reducir el esquema de seguridad a quien si asesinaron y en su gobierno"; “Señor, ya van un poco más de 24hrs que asesinaron un magistrado y usted ni un mensaje sobre eso”.
El secuestro de Piedad Córdoba
En cuanto a las revelaciones que la revista Raya promete hacer públicas, se espera que causen un gran revuelo. La mención de un empresario detrás del crimen de Córdoba no solo tiene implicaciones legales, sino políticas, pues podría implicar a actores del mundo empresarial que hasta el momento no habían sido vinculados con la violencia política de finales del siglo XX y principios del XXI. Además, las confesiones de Ernesto Báez, exjefe paramilitar, ofrecen un testimonio que puede transformar el curso de las investigaciones, pues su conocimiento sobre los detalles de los secuestros y asesinatos de figuras políticas es invaluable en este contexto.

Piedad Córdoba fue secuestrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando se desempeñaba como senadora y presidenta de la Comisión de Paz, tras recibir denuncias de campesinos. Fue retenida por varias semanas y luego liberada; luego de ese episodio, ella y su familia se exiliaron temporalmente en Canadá.
El motivo principal del secuestro obedeció a tensiones políticas y de seguridad: exponen que el grupo paramilitar tomó esa medida ante la percepción de que Córdoba tenía vínculos o simpatías con grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de su activismo por una salida negociada al conflicto armado. Al liberar a Córdoba, la AUC pretendía debilitar su influencia política y enviar un mensaje de control territorial frente a voces mediadoras o críticas.
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