La más reciente oleada de atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 2025 ha dejado cuatro personas muertas en las dos últimas semanas.
El director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez, analizó la situación en entrevista exclusiva concedida a El Tiempo.
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Gutiérrez sostuvo que la hipótesis más grande es que es crimen organizado, apuntando a una modalidad destinada a instaurar miedo y presión sobre el sistema penitenciario colombiano.
Según el director del Inpec, la institución atraviesa un periodo de luto debido a que, en solo nueve días, fueron asesinadas cuatro personas y cinco resultaron heridas debido a ataques directos.
“Estamos de luto porque, desafortunadamente, en estos nueve días llevamos cuatro muertos y cinco heridos. En lo corrido del año, completamos ocho asesinatos de nuestros funcionarios; inclusive, un médico fue asesinado la semana pasada en Cali”, indicó Gutiérrez, entrevistado por El Tiempo.
El funcionario explicó que en los homicidios recientes han identificado patrones que permiten interpretar estos hechos como parte de un “plan Pistola” sistemático.
Aclaró que el uso de sicarios en moto, armas automáticas y disparos indiscriminados demuestra una operación criminal con intenciones claras de intimidar al sistema penitenciario.
“La hipótesis más grande es que es crimen organizado con un propósito de generar su sobra, intimidación, a través de un tema sistemático de plan Pistola”, afirmó el director.
Sobre las investigaciones, Gutiérrez recalcó la colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional, aunque no se atribuyó la autoría de estos crímenes a ningún grupo ni ha habido panfletos, a diferencia de ocasiones anteriores cuando organizaciones como “los Mago” o “la Inmaculada” sí se responsabilizaron públicamente.
“Sería irresponsable determinar cuál es porque en este momento no hay ningún panfleto donde se atribuyan las acciones...”, expresó Gutiérrez.
El director añadió que en las cárceles del país operan “componentes de muchas estructuras criminales de todo el país: de la Costa, del Pacífico, del Valle, de Cauca, de Nariño, de Antioquia”.
Frente a la posibilidad de que los fallecidos estén vinculados con delincuentes identificados en la “operación Dominó”, Gutiérrez aseguró a El Tiempo que el Inpec coordina acciones junto a la Policía y el CTI para investigar cualquier nexo.
Una de las respuestas institucionales consistió en un operativo nacional de requisas. Recientemente, el Inpec reportó la incautación de 1.200 celulares, 2.200 Simcard y cerca de 1.000 armas cortopunzantes en distintos centros penitenciarios.
El director describió como “dos años muy difíciles” la situación, al sumar ocho homicidios de guardias en 2025 y diez durante el año anterior.
Sobre la interlocución con el Ejecutivo, el director precisó: “El encargado de parte del señor presidente Gustavo Petro ha sido el ministro de Justicia y también la doctora Angi Rodríguez, del Dapre. Directamente con él [el presidente Gustavo Petro] no he podido hablar”.
Respecto a las decisiones adoptadas, Gutiérrez comentó que la cancelación de visitas en el Valle del Cauca y en Bogotá fue determinada para salvaguardar la vida y seguridad tanto de funcionarios como de familiares de internos, dadas las acciones armadas recientes en zonas aledañas a las cárceles.
“Eso lo hicimos pensando también en la seguridad de los familiares de las personas privadas de libertad, entendiendo las modalidades de lanzamiento de granadas y disparos indiscriminados”, explicó el director a El Tiempo.
En respuesta a la crisis, el Inpec dispuso la creación de un grupo especial investigativo de la Policía y el CTI de la Fiscalía para identificar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, además de reforzar la investigación sobre conductas de corrupción dentro de la entidad.
Consultado por la situación de alias Pipe Tuluá, el director del Inpec confirmó que el traslado del recluso sigue pendiente de decisión judicial y señaló que invocaron argumentos de seguridad nacional ante el Tribunal de La Guajira.
Daniel Gutiérrez también aclaró que la entidad limita su función a ser garante en los procesos de paz con estructuras ilegales cuando la justicia así lo dispone.
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