División total en el Congreso: la reforma a la salud de Petro enfrenta su mayor obstáculo

El Gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa una de las semanas más cruciales en el Congreso, con el objetivo de impulsar tres iniciativas que considera esenciales para el cierre de su mandato: la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la ley de sometimiento a organizaciones criminales.

Frente a este escenario, el Ejecutivo también comenzó a ventilar la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o realizar una consulta popular, al buscar apoyo desde las calles ante las dificultades legislativas que enfrenta.

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El primer tema de debate en la agenda es la reforma a la salud, que se reactivará en la Comisión Séptima del Senado; este proyecto se encuentra en una encrucijada política, con los votos divididos y una fuerte resistencia tanto desde la oposición como dentro de los sectores aliados al Gobierno.

Según el análisis del diario El Espectador, los respaldos están claramente distribuidos: cinco votos apoyan la ponencia de archivo presentada por el Centro Democrático, mientras que otros cinco respaldan el proyecto tal como lo presentó la bancada oficialista. Además, tres senadores optan por una ponencia alternativa.

De esta manera, aún hay incertidumbre sobre el voto de Berenice Bedoya (ASI), que podría ser decisiva en la definición del futuro del proyecto.

El debate sobre la reforma a la salud ha escalado a tal punto que incluso el presidente Petro ha hecho una intervención directa. Según él, los ajustes realizados al texto original, propuesto por su administración, implican el uso de recursos públicos para solventar las deudas de las Entidades Promotores de Salud (EPS), las cuales son de naturaleza privada.

Aquellos que proponen un texto alternativo, como las senadoras Norma Hurtado (Partido de la U), Lorena Ríos (Justa y Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira), sostienen que el verdadero riesgo radica en una posible estatización del sistema de salud.

Según estas voces críticas, la administración del sistema podría quedar en manos de la Agencia Nacional de Régimen Especial de Salud (Adres), lo que abriría la puerta a una centralización del sistema y podría generar un colapso aún mayor.

Por otro lado, el Gobierno sigue en la búsqueda el consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Ante la falta de votos suficientes para aprobar el texto que llegó desde la Cámara de Representantes, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) propuso abrir un canal de diálogo con las senadoras opositoras para intentar negociar una versión modificada del proyecto.

A la oposición, sin embargo, no le convencen las propuestas del Gobierno, pues argumentan que el proyecto no resuelve los problemas estructurales del sistema de salud y que, por el contrario, podría generar más incertidumbre.

Además de la reforma a la salud, el presupuesto para 2026 es otro de los grandes retos que enfrenta el Gobierno en el Congreso. Aunque el Ejecutivo logró sostener sus mayorías en la Cámara de Representantes durante los últimos tres años, las dinámicas políticas de cara a las elecciones de 2026 han generado una incertidumbre adicional.

En las comisiones económicas conjuntas, se aprobó el presupuesto por un monto de $546,9 billones, aunque se logró una reducción de $10 billones gracias a la intervención de la representante Olga Lucía Velásquez (Verde).

Sin embargo, la oposición no se conforma con esta cifra y propuso una nueva reducción de $16 billones, bajo el argumento de que existen riesgos fiscales graves que podrían comprometer la estabilidad económica del país.

En este escenario, bancadas como la de Cambio Radical y Centro Democrático, junto con sectores conservadores e independientes, buscarán recortar aún más el presupuesto; desde el oficialismo, el temor es que este recorte afecte las políticas sociales del Gobierno y complique aún más el cumplimiento de sus promesas de campaña.

Por último, el proyecto de ley para crear un marco normativo diferenciado para las organizaciones criminales en diálogos de paz con el Gobierno también enfrenta grandes dificultades.

A pesar de haber finalizado las audiencias públicas, el proyecto no cuenta con el respaldo necesario en el Congreso, la situación es tan complicada que se generó una disputa entre los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, debido al lento avance del proyecto y a las posturas cercanas a la oposición que adoptaron algunos miembros del partido Liberal, antes aliados del Ejecutivo.

En la Comisión Primera de la Cámara, donde se discutirá el proyecto, se prevé una votación en la que los opositores sumarán al menos 20 votos, frente a los 17 que podría reunir el oficialismo. La balanza podría inclinarse por uno u otro lado dependiendo de los votos de los congresistas indecisos, cuya postura sigue siendo incierta.