David Racero, investigado por presunto tráfico de influencias, recibió espaldarazo de la Procuraduría, que pidió no quitarle la investidura

El Consejo de Estado llevó a cabo el miércoles 8 de octubre la audiencia por el proceso de pérdida de investidura contra David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tras las denuncias de presunto tráfico de influencias para gestionar nombramientos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y, supuestamente, intervenir en concursos de méritos.

La causa en contra del congresista petrista se sustenta en la existencia de mensajes de WhatsApp entre Racero y el entonces director del Sena, Jorge Londoño, de la Alianza Verde, en los que el congresista habría gestionado cargos para allegados en la seccional del Cesar, incluyendo la recomendación de su tío, José Luis Mayorca, médico y empresario en esa región.

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Según revelaciones del periodista Daniel Coronell en la revista Cambio, uno de los intercambios señalados muestra cómo Racero consulta a Londoño la posibilidad de recibir “los puestos del Centro Democrático” en el Cesar. “Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes”, respondió aquella vez Londoño, en un intercambio de mensajes que fue registrado por el comunicador.

“¿Le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso?”, añadió esa vez el parlamentario, que recibió respuesta positiva. Además, otras conversaciones atribuidas a Racero, con una persona identificada como ‘Luzma’, expondrían maniobras para designar encargados de subdirección en la entidad.

En una nota de voz Racero explicó: “Debe ser de carrera de planta para que el director lo coloque como subdirector encargado. ¿Cierto? y ya lo empecemos a manejar”. Este es uno de los escándalos que han involucrado al congresista, que también ha sido señalado de utilizar a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para negocios de índole particular, como un fruver.

Durante la audiencia, las partes expusieron sus argumentos ante el magistrado sustanciador, Jorge Iván Duque. En su declaración, Racero defendió su actuación e insinuó que su juicio tendría claros intereses políticos, con el fin de propinar -según él- un nuevo golpe a la colectividad del Gobierno, el Pacto Histórico, que ya ha perdido a varios integrantes.

“Siempre he respetado profundamente la legalidad, la Constitución y el cargo que ostento, el cual le fue entregado por un grupo de ciudadanos que han confiado en su palabra y en su criterio”, expresó Racero, que aseguró no haber incurrido en ningún acto irregular. “Ni mucho menos alguna falta que pueda vincularme con el delito de tráfico de influencias”, agregó.

En desarrollo de la diligencia judicial, Racero denunció que, pese a la presión que se ha generado por fuera de este proceso, ha solicitado él mismo que se pueda investigar el caso. “Y que se adelante, dado que soy el primer interesado en que se resuelva confiando plenamente”, agregó el representante, que insistió en la politización del sistema de justicia.

Sin embargo, la Procuraduría Séptima Delegada, Idairys Yolima Carrillo, sorprendió al solicitar que no se declare la pérdida de investidura. La entidad sostuvo que “no logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que determinara la actuación de un servidor a su favor o a un tercero.

Lo anterior, “por cuanto no se logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que derivara la actuación de un servidor o a un tercero. (...) Razón por la cual no se configura la causal invocada y en consecuencia no procede decretar la pérdida de investidura solicitada”, agregó Carrillo.

En este contexto, la audiencia avanzó con la presentación de conclusiones finales por parte de los intervinientes, entre ellas del abogado Samuel Ortiz, que expuso las razones por las cuales, a consideración de la parte demandante, Racero habría incurrido en tráfico de influencias mediante la solicitud de nombramientos en la entidad estatal.