El proceso de diálogo del Gobierno con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) —disidencia de las Farc al mando de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza— había quedado interrumpido el 12 de septiembre de 2025, luego de un ataque en Putumayo en el que dos soldados fueron incinerados, hecho que motivó la suspensión de los diálogos de paz.
Tras casi un mes de la suspensión de las negociaciones, ambas partes oficializaron el regreso de los diálogos durante un encuentro celebrado en una embajada en Bogotá con la presencia de delegados de cada sector.
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Armando Novoa, representante del Gobierno en la mesa, explicó a Colombia+20 que la reanudación se fundamentó en la ausencia de pruebas concluyentes que vincularan directamente al grupo armado con el ataque.
“Por distintos medios hemos recibido información, incluso cartas de ellos (del Cneb) y solicitudes de las comunidades. No hay una prueba contundente que permita afirmar que fueron los responsables directos de esa circunstancia”, declaró Novoa, jefe negociador del Gobierno de Gustavo Petro en este proceso.
Con la mesa de diálogo nuevamente en marcha, el Ejecutivo retomó los compromisos operativos del proceso, entre los que destaca la destrucción de 14 toneladas de material de guerra: el Gobierno de Petro prevé realizar este acto en los próximos días —tentativamente el 11 de octubre— en una ceremonia que podría contar con la presencia del presidente y que representaría uno de los principales hitos verificables en el marco de la política de paz total, según información obtenida por El Espectador.
Este evento se sumaría a la destrucción de material de guerra de los llamados Comuneros del Sur, la “disidencia” del ELN que opera en Nariño, realizada el 6 de abril.
De acuerdo con Novoa, el operativo contempla la eliminación de 4 toneladas en Putumayo y 10 en Nariño, zonas donde la disidencia mantiene una presencia activa. La preparación de este operativo ha requerido semanas de trabajo técnico y coordinación institucional.
Así se prepara la destrucción del armamento de la Cneb
El equipo del Alto Comisionado para la Paz y las Fuerzas Militares deben definir las áreas de destrucción, que deben estar alejadas de centros poblados, comunidades campesinas o resguardos indígenas, y cumplir con condiciones ambientales estrictas para evitar cualquier riesgo, según recopiló El Espectador.
“Solo las Fuerzas Militares están facultadas para hacer la destrucción, por lo que el proceso requiere una logística compleja y zonas aisladas para evitar riesgos a la población o daños ambientales”, explicó Novoa.
El proceso también requiere la firma de convenios interadministrativos entre Indumil, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya que las Fuerzas Militares son la única autoridad competente para destruir material de guerra.
La hoja de ruta incluye varias etapas: los miembros del grupo armado trasladan el material desde los puntos de almacenamiento y elaboran un inventario, que luego es verificado por las autoridades militares.
Una vez completado este paso, cita El Espectador, el grupo entrega el material en los sitios acordados y se retira del lugar, permitiendo el ingreso de las unidades de la Fuerza Pública, que se encargan directamente de la destrucción.
Otro de los frentes que avanzan tras la reanudación de la mesa es la implementación de los programas piloto de sustitución de hoja de coca. En Nariño, el proceso ya comenzó en Roberto Payán, en las áreas de la laguna de Chimbusa, donde unas 300 familias firmaron acuerdos con la Dirección de Sustitución de Cultivos.
En Putumayo, las iniciativas se desarrollan en Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, y se prevé su ampliación a Puerto Asís. Novoa confirmó que el grupo armado se comprometió a no interferir en los acuerdos con las comunidades. “El 17 de octubre presentaremos un informe sobre el estado de avance de esos pilotos”, indicó.
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