Un tribunal penal de Medellín sentenció a José Miguel Narváez Martínez, quien fue director de Inteligencia del extinto DAS, a una pena de 28 años de cárcel.
La decisión se tomó tras considerarlo responsable como autor intelectual del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, registrado el 21 de mayo de 1999.
Luego de conocerse la condena, Natalia Castro Córdoba, hija de Piedad Córdoba, manifestó su postura ante la condena impuesta a José Miguel Narváez a través de su cuenta de X. En su mensaje, expresó que la justicia puede demorar, pero termina alcanzando a quienes deben rendir cuentas.
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El tribunal, tras analizar los elementos probatorios y los planteamientos entregados por la Fiscalía General de la Nación, ordenó que José Miguel Narváez Martínez sea recluido en prisión para cumplir su condena.
La decisión judicial también determina una sanción económica equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de ocupar cargos o ejercer funciones públicas por un periodo de 20 años.
Frente a dicha decisión judicial, la hija de la exsenadora destacó que la decisión judicial representa un reconocimiento judicial a lo que la familia sostuvo por años respecto al secuestro de su madre y subrayó la importancia de la condena impuesta contra José Miguel Narváez Martínez. Resaltó que, aunque el proceso fue largo, la justicia finalmente actuó.
“Tuvieron que pasar años para que se reconociera lo que sabíamos desde siempre: a mi mamá, @piedadcordoba la secuestró el Estado. Hoy condenan a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, a 28 años de prisión. La justicia tarda, pero llega. Y aquí seguimos, con la verdad intacta”, escribió Castro Córdoba en su mensaje escrito por medio de su cuenta en la red social X.
El presidente Gustavo Petro también reaccionó al fallo emitido por el tribunal penal de Medellín. A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió al caso y cuestionó la manera en que, en el pasado, desde el propio Estado se cometieron actos delictivos y cómo aún persisten herederos de esas estructuras en la vida pública del país.
“Desde el poder público se ejercía el crimen en Colombia. Herederos de esta criminalidad poderosa siguen en las instituciones públicas y en la política, buscando devolver al crimen, el poder”, comentó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.
En cuanto a la condena, el tribunal calificó los hechos como un crimen de lesa humanidad, una determinación que subraya la magnitud del caso y su relevancia dentro de la memoria histórica y judicial del país.
En el curso de la investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se estableció que José Miguel Narváez Martínez sostuvo reuniones con el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil.
En esos encuentros, Narváez le habría planteado la idea de secuestrar y asesinar a la entonces senadora Piedad Córdoba, a quien señalaba de tener vínculos con el ELN. Para respaldar su propuesta, habría entregado información reservada obtenida del DAS, un hecho que resultó determinante para demostrar su responsabilidad en el crimen.
El secuestro se llevó a cabo cuando integrantes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a Piedad Córdoba en el momento en que se dirigía a una cita médica en el barrio El Poblado, en Medellín. La exsenadora permaneció retenida hasta el 4 de junio de 1999, cuando fue puesta en libertad gracias a la mediación de distintos actores políticos y organizaciones humanitarias.
La retención se prolongó durante 14 días, tiempo en el que la presión ejercida por la opinión pública y sectores institucionales fue decisiva para lograr su liberación. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el proceso penal adelantado contra José Miguel Narváez Martínez se tramitó conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 600 del año 2000.
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