La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el Gobierno colombiano generó un “incentivo perverso” al otorgar el mismo reconocimiento político a exguerrilleros que cumplieron con el Acuerdo de Paz de 2016 y a aquellos que lo desconocieron o desertaron.
En diálogo con AFP, la funcionaria sostuvo que esa decisión del Gobierno Petro contribuyó al deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
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“Se empezó a dar un tratamiento que es políticamente equivalente: el haber firmado el Acuerdo de Paz y haberlo cumplido, que haber desertado o no haberlo firmado jamás. Eso creo que fue un incentivo perverso”, expresó Marín desde su despacho en Bogotá. La funcionaria agregó que esa equiparación envió un mensaje equivocado a los grupos armados, que continúan en expansión.
El pronunciamiento se da nueve años después de la firma del acuerdo con las FARC, cuando, según la Defensoría del Pueblo, la situación humanitaria atraviesa uno de sus peores momentos. “Este año 2025, la situación se ha recrudecido”, afirmó la defensora, al citar cifras que incluyen 119 asesinatos de líderes sociales, 88 casos de reclutamiento forzado y cerca de 85.000 personas desplazadas de sus hogares.
El presidente Gustavo Petro ha intentado negociar con todos los grupos armados, en el marco de su política de paz total. Sin embargo, a menos de un año de finalizar su mandato, no se han alcanzado acuerdos sustanciales y los índices de violencia muestran un repunte. Marín señaló que, aunque la intención pudo ser avanzar en la desmovilización, “los incentivos que dio terminaron siendo perversos para esos efectos”.
La defensora explicó que el aumento de la violencia está relacionado con el “fraccionamiento de los grupos armados”, los cuales operan sin una ideología definida y financian sus actividades con “economías ilegales” como el narcotráfico y la minería ilícita. De acuerdo con su análisis, este escenario también obedece a la falta de inversión sostenida en los territorios afectados por el conflicto, una situación que se arrastra desde los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
En el panorama actual, disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y decenas de bandas menores se disputan el control de las rutas del narcotráfico y de los corredores estratégicos. La Defensoría ha documentado la expansión de estos grupos en zonas fronterizas y costeras, especialmente en el Pacífico y la línea limítrofe con Venezuela.
Uno de los elementos más preocupantes, según Marín, es el uso de drones cargados con explosivos por parte de organizaciones ilegales. “Es relativamente barato y sencillo para los grupos armados acudir a los drones”, explicó. “Para la Fuerza Pública, es una novedad que es más difícil de neutralizar”. Estos dispositivos, empleados en ataques contra la Fuerza Pública, también han afectado a la población civil, incluidos menores de edad.
Las Fuerzas Militares han comenzado a incorporar sistemas antidrones con el fin de contrarrestar las adaptaciones artesanales empleadas por los grupos ilegales. De acuerdo con datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre enero y mayo se registraron 524 víctimas de artefactos explosivos en Colombia, lo que representa un aumento del 145 % frente al mismo periodo del año anterior.
“La población civil, sin duda, sí está sufriendo mucho”, reconoció la defensora, quien destacó que la violencia ha alcanzado niveles comparables con los años previos a la firma del Acuerdo de Paz.
Otro fenómeno que preocupa a la Defensoría es la participación de exmilitares colombianos como mercenarios en conflictos internacionales. Marín señaló que esta situación se relaciona con la “falta de judicialización efectiva de miembros de la Fuerza Pública que han incurrido en graves violaciones a derechos humanos”.
La defensora recordó que algunos exuniformados implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, habían sido investigados en Colombia por presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado. “Mientras que Colombia no tenga una política seria de reintegración de excombatientes o de judicialización de quienes han cometido crímenes [...], va a ser una mano de obra disponible”, afirmó.
“Y, tristemente, de exportación para el mundo”, concluyó Marín al referirse al envío de colombianos a zonas de guerra en el extranjero.
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