El Gobierno colombiano anunció un plan de choque institucional para enfrentar la reciente ola de atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En una reunión celebrada el domingo 5 de octubre, los ministerios de Justicia y Defensa, junto a otros altos funcionarios, presentaron una serie de medidas que incluyen recompensas económicas, el fortalecimiento de la seguridad y la creación de un grupo especial de investigación.
Entre las principales acciones, las autoridades establecieron recompensas de hasta cincuenta millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables de los ataques armados contra los dragoneantes del Inpec.
Además, se dispuso el fortalecimiento de la seguridad en los entornos carcelarios y la conformación de un equipo especial de investigación integrado por la Fiscalía y la Policía Nacional, con el objetivo de acelerar el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los implicados.
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Las autoridades subrayaron la importancia de proteger la vida de los funcionarios penitenciarios y garantizar la justicia y el orden constitucional.
Reiteraron su compromiso de no ceder ante la violencia y de mantener la integridad institucional frente a las amenazas que enfrentan los servidores públicos encargados de la custodia y vigilancia en las cárceles del país.
El plan de choque contempla, además, una política criminal enfocada en la seguridad carcelaria, que busca combatir los delitos que se originan desde el interior de las prisiones y brindar mayor protección a los guardianes. Para ello, se implementarán herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se reforzará el aseguramiento perimetral de los centros penitenciarios y se incrementará la presencia y protección de los custodios.
El Ministerio de Justicia anunció que adoptará medidas para impedir que eventuales decisiones judiciales arbitrarias obstaculicen el avance de las investigaciones en curso.
Esta acción busca asegurar que los procesos judiciales se desarrollen sin interferencias que puedan favorecer la impunidad o dificultar la identificación de los responsables de los atentados.
En el marco de esta estrategia, las organizaciones señaladas como responsables de los ataques han sido declaradas objetivo de alto valor, lo que implica que su persecución y la investigación de sus actividades se convierten en una prioridad para las autoridades.
Con este conjunto de medidas, el Estado colombiano reafirma su determinación de proteger la vida de sus funcionarios y de mantener la vigencia de la justicia y el orden constitucional, sin permitir que la violencia condicione su accionar institucional.
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