Álvaro Uribe respondió con dureza a decisión que solicita investigarlo junto a su hermano por crímenes de Jesús María Valle y Eduardo Umaña

La decisión de la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro, de compulsar copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y al general retirado Carlos Alberto Ospina como posibles determinadores de los asesinatos del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle y del profesor universitario Eduardo Umaña Mendoza, provocó una dura respuesta del exjefe de Estado.

A través de su perfil en X, el exmandatario calificó la medida como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Y explicó cómo la togada fundamentó su decisión en un testimonio que describe una supuesta reunión en la finca La Marranera, en 1997, en la que se habría discutido atentar contra miembros de derechos humanos, entre ellos el periodista y humorista Jaime Garzón.

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"Preguntado: Se enteró usted porque razón o cuál era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas; es decir, a los doctores Umaña y Valle y Garzón. Contestó: porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada, la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, compartió Uribe, frente al caso en mención.

Pese a ello, de parte del ex jefe de Estado, que estuvo en el poder entre 2002 y 2010, y que actualmente afronta una condena de 12 años de prisión domiciliaria —en primera instancia— por la comisión de los delitos de fraude procesal y soborno, hizo alusión a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reforzar su rechazo a la medida, al destacar su inconformidad con la forma en que se han interpretado los hechos y los testimonios citados.

Esta decisión se emitió tras una condena de 28 años de prisión impuesta al exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro extorsivo de la exsenadora Piedad Córdoba. En el fallo, la jueza resaltó que los testimonios recabados sugieren la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, integrada por actores estatales y operadores ideológicos.

Y se señaló que, al parecer, hubo una reiteración de acciones violentas sistemáticas contra figuras públicas que denunciaron violaciones de derechos humanos, lo que reforzaría la hipótesis de un patrón de persecución. De hecho, el fallo citó el testimonio del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, que afirmó que en 1997 se realizó una reunión entre paramilitares y altos mandos militares, con la presencia de los hermanos Uribe Vélez.

Según este testimonio, durante ese encuentro se confeccionó una lista de personas consideradas incómodas por sus denuncias sobre la relación entre fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

El primero, Jesús María Valle, fue un abogado y profesor universitario conocido por exponer la connivencia entre paramilitares y sectores del Estado en la comisión de masacres en Antioquia. Su asesinato ocurrió en febrero de 1998, pocos días después de denunciar estos hechos, y es por ello que su existencia se ha convertido en un símbolo en la defensa de los derechos humanos en el territorio nacional.

Por su parte, Eduardo Umaña Mendoza, también abogado y defensor de derechos humanos, fue ultimado en su oficina en 1998. El letrado, según se supo después de su muerte, ha denunciado amenazas y un plan en su contra que involucraba a miembros de organismos estatales. Su hijo, Camilo Umaña Hernández, expresó a Cambio su sorpresa por el reciente fallo y expresó su esperanza de que la investigación avance después de más de dos décadas sin resultados.