Salario mínimo 2026: revelan las condiciones que harían que el aumento no sea el que esperan millones de trabajadores

El Banco de la República hizo una advertencia sobre los riesgos de un aumento excesivo del salario mínimo de 2026 en Colombia. Según las minutas de la reunión de la Junta Directiva celebrada el 30 de septiembre de 2025, el Emisor señaló que un incremento desbordado, como se adelantó en algunos anuncios públicos en las últimas semanas, “tendría efectos inflacionarios importantes que retardarían la convergencia de la inflación a la meta”.

La preocupación surge en medio de un alto índice de inflación y ante unas expectativas sobre su evolución que superaron los pronósticos iniciales, lo que añade presión a las decisiones sobre política salarial y monetaria.

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Las minutas del Banco de la República detallan que la inflación total en agosto de 2025 alcanzó el 5,1% anual, según el Dane, mientras que la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se ubicó en 4,8%. Ambas cifras superaron las proyecciones del equipo técnico del banco.

De acuerdo con estas, el mayor desvío se observó en los precios de los alimentos, afectados por productos perecederos y los precios internacionales de insumos y fertilizantes. Además, la desaceleración en los arriendos y el aumento de los precios de las comidas fuera del hogar contribuyeron a mantener la inflación en niveles elevados. Aunque la inflación de los servicios regulados disminuyó por menores ajustes en la electricidad, la convergencia hacia la meta del 3% se percibe ahora como un proceso más lento de lo previsto.

Las expectativas de inflación del Banco de la República muestran que los analistas esperan una inflación del 5% para 2025 y del 4% para 2026, ambas cifras por encima de la meta oficial. Las expectativas extraídas de los mercados de deuda pública también permanecen por encima del objetivo del 3% en todos los plazos. Este panorama se da en medio de una economía que mantiene un crecimiento robusto: el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,5% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por una demanda interna sólida y una recuperación de la inversión, especialmente en maquinaria, equipo y obras civiles.

De igual manera, el mercado laboral también muestra señales positivas, con tasas de desempleo que han descendido a mínimos históricos, aunque el nivel de 8,6% sigue siendo alto en comparación internacional.

La Junta Directiva, según las minutas, se dividió en su votación sobre la tasa de interés de política monetaria: cuatro directores optaron por mantenerla en 9,25%, dos propusieron una reducción de 50 puntos básicos y uno sugirió un recorte de 25 puntos básicos. El grupo mayoritario argumentó que existen razones más contundentes que en sesiones anteriores para no modificar la tasa.

Resaltaron que la inflación se mantiene estancada alrededor del 5% durante 2025 y que la inflación básica permanece cerca del 4,8% en los últimos seis meses. Además, señalaron que el proceso de desinflación es incierto, ya que depende de factores difíciles de prever, como la evolución de los precios de los alimentos y la oferta de energía.

Entre las preocupaciones centrales del grupo mayoritario figura el déficit fiscal, que impulsa la demanda interna y, en ausencia de ajustes, incrementa la deuda y la prima de riesgo. También advirtieron sobre el impacto de un posible aumento elevado del salario mínimo para 2026, al considerar que “tendría efectos inflacionarios importantes que retardarían la convergencia de la inflación a la meta”.

El ambiente de incertidumbre llevó a un aumento generalizado de las expectativas de inflación para los próximos años, lo que podría reforzar la inercia inflacionaria en los sectores indexados.

El grupo mayoritario también expresó dudas sobre la estabilidad de la reciente apreciación del peso colombiano, al señalar que esta se debe principalmente a flujos de capital de portafolio dirigidos al Gobierno y no a un aumento de la inversión extranjera directa, que ya muestra signos de debilidad.

Además, observaron un incremento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, impulsado por el aumento de las importaciones de bienes de consumo, y recalcaron la ausencia de medidas contundentes para ajustar las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como del gasto.

Por su parte, los miembros de la Junta que votaron por una reducción de 50 puntos básicos consideraron que la postura mayoritaria resulta demasiado conservadora, ya que solo se permitió una reducción de 25 puntos básicos en lo que va del año. Argumentaron que esta política no acompaña el objetivo nacional de alcanzar mayores tasas de crecimiento y consolidar la recuperación económica.

Sostuvieron que, aunque los indicadores de actividad y empleo son favorables, existe margen para estimular el crecimiento mediante tasas de interés más bajas, lo que permitiría una mayor capacidad de reacción ante un entorno externo complejo, marcado por políticas proteccionistas en Estados Unidos y tensiones geopolíticas.

Uno de estos directores advirtió que no reducir la tasa de interés podría introducir riesgos para la estabilidad financiera, en especial, cuando se tiene una alta revaluación del peso y reducción de tasas en Estados Unidos. Además, señalaron que la revaluación afecta la competitividad de las exportaciones, que ahora dependen menos del sector minero-energético. En el análisis, insistieron en que, en condiciones de brecha de producto negativa, un estímulo a la demanda se traduciría más en un aumento de la producción que en presiones sobre los precios.

También pusieron en duda que un relajamiento de la política monetaria necesariamente genere efectos inflacionarios, dado que la tasa de desempleo, aunque baja para los estándares nacionales, sigue siendo alta en comparación internacional.

El miembro de la Junta que propuso una reducción de 25 puntos básicos observó que el leve aumento de la inflación no representa una alerta muy importante. Planteó la necesidad de analizar si la meta de inflación del 3% en el corto plazo es la más adecuada para lograr mejoras sostenibles en la estructura económica y laboral del país, en un contexto internacional desafiante.

Además, cuestionó el análisis tradicional sobre el impacto del salario mínimo en la inflación y el empleo, al afirmar que “el análisis del salario mínimo no debería ser solamente un problema de costos, sino enmarcarse de forma más amplia como un mecanismo que funciona como un regulador de la distribución del ingreso y de la riqueza”. Argumentó que la innovación puede reducir los costos más rápido que los aumentos salariales, lo que tendría un efecto agregado positivo.

El debate sobre el salario mínimo, según las minutas del Banco de la República, se amplió más allá de su impacto en los costos y la inflación. Mientras la mayoría de la Junta advierte sobre los riesgos inflacionarios de un aumento elevado, la minoría resalta su papel en la equidad y el desarrollo económico. Uno de los directores del grupo minoritario advirtió que “pretender enfriar la economía para mitigar el consumo de los hogares a través de una tasa de interés real alta deterioraría la distribución del ingreso, y ahogaría el nuevo patrón de desarrollo”.

Así las cosas, la decisión de la mayoría de la Junta Directiva refleja una postura de cautela en la política monetaria, que prioriza la vigilancia de los riesgos sobre la convergencia de la inflación a la meta. Según las minutas del Banco de la República, los próximos movimientos en la tasa de interés dependerán de la evolución de la inflación, las expectativas del mercado, la dinámica de la actividad económica y el balance de riesgos tanto internos como externos.