Controladores aéreos denuncian caos en la Aerocivil tras alerta de Day Vásquez: “No es para celebrar”

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) rompió el silencio y confirmó la existencia de fallas e irregularidades dentro de la Aeronáutica Civil de Colombia; esto ocurrió después de que Day Vásquez —testigo clave en la investigación contra Nicolás Petro Burgos— alertara públicamente sobre una supuesta situación anómala dentro de la Aerocivil.

Su denuncia, aunque sin detalles precisos, encendió las alarmas en diferentes sectores, incluyendo el gremio de controladores aéreos, por lo que a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Acdecta hizo pública su preocupación.

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La asociación no solo respaldó las advertencias, también presentó documentación oficial emitida por la Contraloría General de la República, en la que se reconocen deficiencias en la gestión de recursos, afectaciones a la seguridad operacional y demoras en la reposición de equipos críticos.

“El hallazgo se comunica a la entidad y se traslada a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia”, indica el documento firmado por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría, en una carta con 14 páginas de contenido técnico y conclusiones administrativas.

Allí se describe que las fallas no son aisladas, sino que responden a una “deficiente gestión de recursos para el mantenimiento y adquisición de elementos y servicios que procuren el funcionamiento permanente de estos equipos”.

El organismo de control señala causas específicas como la falta de planeación preventiva y correctiva, demoras en procesos contractuales, y dependencia de factores externos como la culminación de obras civiles. También se advierten incidentes de hurto y actos de interferencia que afectan directamente la operación segura de los aeropuertos y sistemas de navegación.

“El efecto de estas condiciones se manifiesta en la afectación de la seguridad operacional, el incremento del riesgo de incidentes al depender de procedimientos alternativos como PAPI y RNP, la pérdida de confianza en la infraestructura aeronáutica nacional, así podría generarse eventuales o mayores costos derivados de la reposición tardía de equipos (sic)”, precisa la Contraloría.

El pronunciamiento de Acdecta contradice de manera frontal el mensaje institucional emitido por Aerocivil dirigido a la advertencia que hizo Day Vásquez, que en sus redes sociales publicó: “Ojo, pero al buen trabajo que venimos adelantando, seguridad aérea, sueños cumplidos y millones de abrazos en cada aeropuerto. Desde la Aerocivil estamos atentos a cualquier situación que esté ocurriendo. La transparencia y el respeto por los procesos es fundamental”.

Aunque los controladores aéreos denunció las mencionadas irregularidades dentro de la Aerocivil, también se activaron indagaciones para entender el verdadero alcance de la advertencia hecha por la expareja de Nicolás Petro Burgos —hijo del presidente Gustavo Petro y procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito—; se comenta que esta advertencia podría tener relación con la pareja de Alejandro Carranza, abogado del exdiputado del Atlántico.

El periodista Melquisedec Torres informó sobre un posible caso de presunta irregularidad en la Aerocivil, relacionado con el nombramiento de la abogada Julieth Mayerly Abril Hernández, esposa del abogado Alejandro Carranza.

De acuerdo con su hoja de vida (revelada por el comunicador), la funcionaria es abogada y acredita 16 años de experiencia en la firma Grupo Carranza Abril S.A.S., propiedad de su esposo. Además, cuenta con una maestría en Derecho y especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Docencia Universitaria.

Torres señaló que, meses antes del nombramiento, Alejandro Carranza había publicado mensajes en redes sociales defendiendo al general Pinto frente a investigaciones periodísticas de Noticias Caracol. El periodista agregó que consultó al abogado sobre este hecho y aseguró que en breve presentará sus respuestas.

El caso despertó atención pública, pues podría implicar un posible conflicto de interés en una entidad del sector transporte, sujeta a vigilancia y control del Estado.