La historia de la propiedad en la zona T de Bogotá que se volvió epicentro de disputas y amenazas tras la muerte de un ganadero

El intento por recuperar una de las propiedades más codiciadas de la zona T de Bogotá se convirtió en un conflicto de varios años, marcado por amenazas, enfrentamientos armados y un asesinato.

La casa, ubicada en la calle 82 con carrera 14, cerca del centro comercial Andino, pasó de ser una residencia familiar a un almacén de ropa china luego de que la propietaria la entregara a una inmobiliaria para arrendarla durante su estadía en el extranjero, de acuerdo con el medio El Tiempo.

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La disputa comenzó cuando la inquilina, encargada de la explotación comercial del inmueble, se negó a desocuparlo pese a las solicitudes de Felipe Arbeláez, hijo de la propietaria, que exigió ajustar el canon de arrendamiento y recuperar la posesión.

Arbeláez explicó que la inquilina afirmó haber subarrendado el segundo piso para un bar y que el nuevo ocupante, molesto por la solicitud de desalojo, rompió una puerta de vidrio. Señaló que se comprometieron a repararla en 24 horas, pero que desde entonces han pasado nueve años sin que se cumpliera.

La versión de la inquilina difería: sostuvo que su cuñado, identificado como Hugo –luego confirmado como Rushglanht Parada– estaba a cargo de la propiedad y que cualquier negociación debía hacerse con él.

De acuerdo con el informe del diario bogotano, Parada llegó a citar a los propietarios en el Parque de la 93, ofreciendo 1.700 millones de pesos en efectivo por la casa, con un maletín para concretar la operación, propuesta que fue rechazada.

Parada explicó que la casona servía como bodega para un negocio en San Andresito y que contaba con una promesa de compraventa firmada con un ganadero, Germán Soto, que fue asesinado a finales de noviembre de 2017.

Ante estos hechos, Arbeláez interpuso denuncias por fraude procesal, falsedad material en documento público e invasión de tierras, luego de que al solicitar un certificado de libertad del inmueble en 2017 le informaran que existía una medida cautelar decretada en Quibdó, que el juzgado aseguró nunca haber emitido.

Ni la querella ni la denuncia prosperaron, por lo que Arbeláez buscó recuperar la propiedad mediante conciliación con la inquilina. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido cuando, al intentar cambiar los seguros de las puertas y sellar accesos, irrumpieron varios escoltas en camionetas de alta gama.

Arbeláez relató al medio El Tiempo que unas 20 personas llegaron al lugar mientras ellos eran aproximadamente 15 y que los amenazaron; aseguró que todo quedó registrado en video. La Policía tuvo que intervenir para permitir el ingreso del hombre que actualmente custodia la propiedad, mientras un aviso en el ventanal recuerda la querella presentada.

Por su parte, Rushglanht Ayala afirmó que al tomar posesión del inmueble desconocía tanto a Arbeláez como a la inquilina anterior y que actúa conforme a la ley.

Señaló que espera completar los 10 años de posesión que exige la legislación para poder iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.

Ayala también recordó el altercado de agosto pasado, cuando explicó que llegaron enfrentamientos con armas de fuego y que él y sus acompañantes fueron golpeados y llevados a una estación de Policía.

La defensa de Parada, representada por Diego Lesmes, indicó que la querella terminó caducando debido a los plazos en los que Arbeláez había solicitado la acción, dejando la disputa aún sin resolución definitiva.

Mientras tanto, la casona sigue bajo custodia privada, con señales visibles de los conflictos judiciales y el historial de amenazas que ha marcado la propiedad, cuyo valor y ubicación continúan siendo codiciados en la zona T de Bogotá.

Entre amenazas, irrupciones armadas y un asesinato relacionado con promesas de compraventa, la propiedad sigue siendo un punto de choque.

A medida que las acciones legales se diluyen por plazos y caducidades, los protagonistas esperan cumplir los requisitos para formalizar la posesión o recuperar el control. La historia evidencia que, en la zona T de Bogotá, el valor de un inmueble puede convertirse en un terreno de conflicto sin fin.