Ordenaron arrestar al ministro de Educación por incumplir fallo judicial, pero un tribunal revocó la decisión

El Juzgado Tercero Laboral de Medellín impuso una sanción al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, debido al incumplimiento de un fallo judicial relacionado con una solicitud de información presentada por la Gobernación de Antioquia el 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el juzgado, el Ministerio de Educación no entregó la información solicitada, por lo que impuso una sanción de tres días de arresto y el pago de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de la cartera ($2.847.000). No obstante, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín.

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Según informó El Colombiano, el problema surgió por $3.800 millones, aproximadamente, que no se pagaron a los docentes de la Universidad de Antioquia por concepto de liquidación del pago de las cesantías. El Ministerio de Educación asignó la responsabilidad de pago al Gobierno departamental que, a su vez, pidió a la cartera sustentar la decisión y allegar documentos de respaldo. Estos son:

• Copia de los comprobantes de pago efectuados a los docentes.
• Copia de las actas de conciliación suscritas en sede judicial o extrajudicial que hayan dado lugar a los pagos que fueron endilgados al Gobierno departamental,
• Una relación detallada de los expedientes administrativos de los profesores que derivaron en la sanción moratoria.

Según informó el medio de comunicación citado, el Ministerio de Educación respondió a la solicitud de la Gobernación de Antioquia. No obstante, esta última presentó una acción de tutela alegando que la información allegada no estaba completa.

De acuerdo con Noticias Caracol, la cartera aclaró que “remitió al Departamento de Antioquia copia digital completa del expediente administrativo requerido, incluyendo la totalidad de las actuaciones que lo integran”. No obstante, reconoció que no allegó toda la documentación exigida en el fallo, porque no fue solicitada por el Gobierno departamental en un inicio.

El medio indicó que, luego de que se hiciera una segunda solicitud que no tuvo respuesta, el querellante obtuvo el respaldo del juzgado, que ordenó al ministerio dar respuesta a la petición inicial de la Gobernación de Antioquia en su totalidad.

Sin embargo, esa orden no fue acatada por la cartera, por lo que se presentó un incidente de desacato de la tutela que tuvo como resultado la sanción establecida contra el ministro Daniel Rojas Medellín.

Según detalló la cartera en un comunicado, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín por medio de una sentencia del 23 de septiembre de 2025. De acuerdo con su explicación, el alto tribunal declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Departamento de Antioquia en contra del Ministerio de Educación.

“El Tribunal fue enfático en señalar que el Ministerio sí dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial, por lo que no existía ninguna vulneración ni amenaza a derechos fundamentales”, puntualizó.

Esta decisión de segunda instancia indica que la acción de tutela en cuestión carecía de objeto. En ese sentido, la sanción que establece el arresto y el pago de la multa contra el ministro de Educación quedó sin sustento jurídico.

“El auto que circuló en medios no está ejecutoriado. Esa información corresponde a una interpretación errónea de lo ocurrido en primera instancia, decisión que ya fue revocada conforme a Derecho por el Tribunal Superior”, aclaró.

El concejal de Medellín Santiago Perdomo se pronunció sobre la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín –desconociendo la determinación del Tribunal– criticando las omisiones del ministro de Educación en la petición que hizo la Gobernación de Antioquia. Aseguró que sus acciones ponen en evidencia la disposición del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de cumplir con las órdenes impartidas por las instituciones judiciales.

“La orden de arresto contra el ministro de Educación Daniel Rojas no es un hecho menor dentro de los funcionarios del Gobierno Nacional. Esto revela dos problemas de fondo: La incapacidad del Gobierno Nacional de acatar la justicia durante sus tres años de gobierno. La improvisación frente al magisterio, con un lío de cesantías que supera los $3.800 millones”, precisó el funcionario en su cuenta de X.

De igual manera, afirmó que la sanción impuesta a Rojas Medellín indicaría fallos en su gestión en la dirección de la cartera. “Cuando un ministro es sancionado por desacatar un fallo judicial, no solo se pone en juego la gestión de su cartera, sino que se demuestra la legitimidad institucional del Estado… En este caso, fracasando”, escribió el concejal en la red social.