La reciente controversia en torno al contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército colombiano ha puesto en evidencia un posible riesgo nacional y la exposición de recursos públicos por más de 13,5 millones de dólares.
La Contraloría General de la República advirtió que “hay un altísimo riesgo de que se pierdan los 16 millones de dólares entregados al contratista como 50% de valor de anticipo, por cuanto no tiene bienes en Colombia sobre los que se puedan imponer medidas cautelares”, según el informe realizado por el organismo de control.
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El contrato 012 de 2024, firmado entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems Company el 31 de diciembre de 2024, tenía como objetivo asegurar la operatividad de la flota de helicópteros MI-17, esenciales para el transporte de tropas, logística militar y atención de emergencias.
El acuerdo, valorado en 32,4 millones de dólares (aproximadamente 130 mil millones de pesos), contemplaba un anticipo del 50%, es decir, 16,2 millones de dólares.
Sin embargo, la Contraloría alertó que “Vertol Systems, encargada del mantenimiento de los helicópteros, solo ejecutó el 8% del contrato, a pesar de que se pagó el 50%. Los helicópteros siguen en tierra”, según el informe oficial.
Las dudas sobre la idoneidad de la empresa contratista se profundizaron tras la revisión de la Contraloría, que señaló: “La empresa presenta serias dudas sobre su experiencia, capacidad técnica y financiera, pero aun así fue seleccionada”.
Además, el organismo de control detectó que “se modificaron las condiciones originales del contrato para favorecer al contratista, reduciendo garantías y cambiando la forma de pago”, lo que a juicio de la entidad compromete la transparencia del proceso y expone al país a la posible pérdida de los fondos anticipados.
El impacto de este incumplimiento contractual trasciende el ámbito financiero y afecta directamente la capacidad operativa del Ejército Nacional. La Contraloría advirtió que “afecta directamente la capacidad aérea del Ejército, que se queda sin parte de su flota de helicópteros para transporte de personal, operaciones estratégicas y atención de emergencias”.
Esta situación, según el organismo, representa una amenaza tanto para el patrimonio público como para la seguridad nacional.
La gestión del Ministerio de Defensa también fue objeto de críticas por la demora en la respuesta ante los reportes de incumplimiento. “Pese a que desde febrero de 2025 el Ejército reportó incumplimientos y alertó al Ministerio, este solo abrió proceso por incumplimiento en septiembre, lo que evidencia una reacción tardía”, concluyó la Contraloría en su informe.
En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro intervino con una postura crítica sobre la gestión del contrato y la dependencia de proveedores extranjeros. “En verdad estos helicópteros deben ser reparados por sus fabricantes rusos. Yo no los compré y mantener la sumisión a los estadounidenses que piden que no se contrate a los rusos me parece ya, un riesgo nacional”, declaró el jefe de Estado.
Con estas palabras, Petro no solo cuestionó la ejecución del contrato con Vertol Systems Company, sino que puso en tela de juicio la influencia de Estados Unidos en las decisiones estratégicas de Colombia en materia de defensa.
Gobierno investiga incumplimiento en contrato de helicópteros militares
El Ministerio de Defensa inició un proceso de sanción contra una empresa contratista por el incumplimiento en el mantenimiento de seis helicópteros MI-17, considerados esenciales para la movilidad y operación de la Fuerza Pública.
El ministro Pedro Sánchez subrayó la gravedad de la situación al afirmar: “Lo cierto es que no se puede perder ningún peso de los colombianos. Por otro lado, no se puede afectar algo tan crítico que es la movilidad de nuestra Fuerza Pública”.
A finales del año 2024, el Ministerio firmó un contrato con la compañía para recuperar seis helicópteros MI-17, según fuentes oficiales.
Durante el primer semestre de este año, tres de estas aeronaves volvieron a operar, pero posteriormente se detectó que la empresa “no estaba cumpliendo o no podría cumplir los demás compromisos” del acuerdo, según la cartera de Defensa, que atribuyó la responsabilidad del incumplimiento directamente al contratista.
Mientras tanto, el jefe de la cartera de Defensa remarcó que la protección de los recursos públicos y la garantía de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares son los principios que guían la respuesta del Gobierno en este caso.
Pedro Sánchez aseguró que las investigaciones en curso y el proceso de sanción abierto determinarán las responsabilidades finales.
En paralelo a este anuncio, el Ministerio informó el despliegue de 200 uniformados adicionales en Putumayo para reforzar la seguridad en el departamento.
Estos efectivos se sumarán a la Fuerza de Despliegue Rápido N.6 y participarán en operaciones especiales contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal. Además, cuatro botes con más de 20 miembros de la Armada Nacional serán desplegados para fortalecer el control sobre los ríos de la región.
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