La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso punto final al contrato de concesión que desde hace casi una década mantenía con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A. La medida, anunciada oficialmente en septiembre, marca el cierre de una historia de promesas incumplidas y proyectos que nunca arrancaron en la bahía de Santa Marta.
La decisión no es menor. Se trata de la caducidad del contrato, una de las sanciones más drásticas en el ámbito estatal, que implica dar por terminado de manera anticipada y unilateral un acuerdo cuando el concesionario no cumple con sus compromisos. En este caso, además de la terminación, la ANI impuso una multa millonaria y una inhabilidad temporal que deja a la empresa por fuera de la contratación pública durante cinco años.
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En 2015, la Sociedad Portuaria Las Américas recibió autorización para ocupar en forma exclusiva bienes marítimos de uso público. El objetivo era ambicioso: construir y operar una terminal especializada en graneles líquidos. El proyecto buscaba dinamizar la economía regional y nacional con una infraestructura que ampliara la capacidad portuaria del Caribe colombiano.
La propuesta incluía levantar un muelle en “T” de 187 metros de longitud, conectado a tierra por un viaducto, desde donde se movilizarían aceites vegetales, crudo, hidrocarburos y otros líquidos. Cada producto tendría un ducto independiente para garantizar eficiencia y seguridad.
La terminal, concebida como un servicio público, estaría disponible para exportadores, operadores portuarios, agencias marítimas y el sector de comercio exterior en general. Sobre el papel, la iniciativa sonaba moderna y necesaria. Pero los plazos pasaron, las prórrogas se agotaron y, al día de hoy, ninguna obra se inició.
Las razones de la ANI
La falta de avances llevó a la ANI a revisar en detalle el contrato. Según la entidad, las evidencias fueron claras, pues la concesionaria incumplió de manera reiterada y grave su plan de inversiones, lo que abrió la puerta a la sanción.
Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, explicó así la decisión. “Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria. Seguimos al pie de la letra los lineamientos del presidente Gustavo Petro de instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”, señaló el funcionario.
La ANI no solo decretó la caducidad. La resolución incluye una sanción económica superior a 13,4 millones de dólares, suma que deberá pagar la Sociedad Portuaria Las Américas como indemnización a la Nación. A ello se suma la prohibición de contratar con entidades estatales durante los próximos cinco años, tal como lo establece la Ley 80 de 1993.
Esta medida no afecta al Distrito de Santa Marta, pues la caducidad no es una sanción contra la ciudad, sino contra el concesionario. Se trata de una facultad legal de la administración pública para proteger el interés general cuando un contratista no cumple con lo pactado.
La Sociedad Portuaria y su aseguradora ya interpusieron un recurso de reposición contra la decisión de la ANI. Este trámite, que aún está en curso, será la última oportunidad que tenga la empresa para revertir o matizar la sanción. Si el recurso no prospera, quedará en firme la inhabilidad y la obligación de pagar la millonaria indemnización.
Un espejo para otros proyectos
El caso de la Sociedad Portuaria Las Américas no solo cierra un capítulo en Santa Marta, también envía un mensaje al sector privado y a las demás concesiones en curso: el Estado exige resultados concretos. En tiempos en los que la infraestructura es clave para la competitividad del país, los proyectos que no arrancan o que se retrasan indefinidamente representan un costo económico y social difícil de justificar.
Lo que iba a ser un muelle estratégico para la movilización de líquidos a granel se convirtió en un símbolo de incumplimiento. Una terminal que nunca se levantó, pero que hoy deja lecciones para el futuro: la importancia de la planeación, la seriedad en la ejecución y la necesidad de que las promesas empresariales se traduzcan en obras reales al servicio de la comunidad.
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