Salarios de todos los trabajadores colombianos podrían subir y se pagarían de manera justa y acorde a sus estudios: la razón

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República propone transformar el panorama salarial de millones de trabajadores al establecer, por primera vez, un salario mínimo diferenciado según el nivel educativo alcanzado.

La iniciativa, radicada en septiembre de 2025 por el representante a la Cámara, Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal, busca garantizar que profesionales universitarios, tecnólogos y técnicos reciban una remuneración mínima acorde con su formación.

De aprobarse, modificaría la estructura de ingresos en el país y respondería a una demanda histórica de justicia salarial. Según el articulado de la propuesta, el salario mínimo profesional sería equivalente a 2,5 veces el salario mínimo legal mensual vigente, el tecnológico a dos veces y el técnico a 1,5 veces, cifras que se actualizarían cada año conforme a lo dispuesto por el Gobierno nacional.

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El proyecto de ley, compuesto por siete artículos, define con precisión los nuevos pisos salariales para cada nivel educativo. El salario mínimo profesional se asignaría a los que cuenten con título universitario, el tecnológico a los graduados en programas tecnológicos y el técnico a quienes hayan completado estudios técnicos. El cálculo de estos salarios partiría siempre del salario mínimo legal mensual vigente ($1.423.500 actual), lo que garantiza su actualización periódica.

Además, la propuesta establece que la implementación de estos mínimos no podrá desmejorar las condiciones laborales actuales de los trabajadores y aclara que las cifras fijadas constituyen una base obligatoria, no un límite máximo, para la remuneración de los empleados calificados.

La justificación de la iniciativa parte de un diagnóstico crítico sobre la situación laboral de los colombianos con formación superior. El documento señala que “muchos profesionales, tecnólogos y técnicos enfrentan una realidad en la que, tras años de estudio y una considerable inversión económica, perciben sueldos que no reflejan su preparación ni el esfuerzo realizado”.

Dicha situación generó consecuencias negativas como el desincentivo al acceso y permanencia en la educación superior, especialmente en los estratos socioeconómicos bajos, el aumento del endeudamiento educativo y la fuga de talentos.

Además, la subvaloración salarial contribuye a la informalidad laboral, ya que numerosos egresados aceptan empleos por debajo de su cualificación o en condiciones de inestabilidad jurídica.

El impacto esperado de la medida va más allá de la mejora directa en los ingresos. La propuesta busca incentivar la educación superior al ofrecer una perspectiva de remuneración justa y proporcional al nivel académico alcanzado. De acuerdo con la exposición de motivos, “la existencia de un salario mínimo diferenciado serviría como estímulo para que más colombianos accedan y permanezcan en programas universitarios, tecnológicos y técnicos, lo que a su vez fortalecería la movilidad social y la competitividad del país”.

De igual forma, el documento resalta que la medida pretende reducir la brecha entre la formación académica y el mercado laboral, y contribuir a la construcción de proyectos de vida dignos para los trabajadores calificados.

El fundamento constitucional de la propuesta se apoya en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia, que consagran el trabajo como un derecho fundamental y exigen condiciones dignas, equitativas y proporcionales a la calidad del servicio prestado. El texto argumenta que “la actual situación de inequidad salarial vulnera estos principios, ya que técnicos, tecnólogos y profesionales a menudo perciben ingresos apenas equivalentes al salario mínimo legal, a pesar de contar con formación formal y acreditada”.

Por ello, la fijación de un salario mínimo diferenciado se presenta como una obligación del Estado para corregir desequilibrios estructurales en el mercado laboral y proteger a quienes han realizado una inversión significativa en su formación académica.

En cuanto a la vigencia y alcance legal, el proyecto estipula que la ley entraría en vigor a partir de su promulgación y derogaría todas las disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias. Así, la propuesta establece un marco normativo claro para la aplicación de los nuevos salarios mínimos, asegurando que su implementación no implique retrocesos en los derechos laborales ya adquiridos.

La iniciativa presentada por Silvio Carrasquilla aspira a transformar la relación entre educación y remuneración en Colombia, con el objetivo de garantizar condiciones laborales más justas y cerrar las brechas históricas entre la formación académica y el mundo del trabajo.