En el Congreso avanza la discusión del proyecto de Ley 013 de 2024, que busca modificar de manera sustancial el esquema de pago de las pruebas de Estado que cada año deben presentar los estudiantes de último grado de bachillerato en Colombia.
La iniciativa plantea la gratuidad para los jóvenes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, con lo cual se eliminaría un gasto que durante años han asumido los padres de familia y acudientes.
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De acuerdo con lo informado por Semana, la propuesta está diseñada para cubrir los exámenes Icfes Pre Saber, Saber 11° y la prueba de Validación del Bachillerato. En el texto se lee:
“Por medio de la cual se establece la gratuidad en el pago para la presentación de los exámenes de Estado ICFES Pre Saber e ICFES Saber 11°, así como la prueba de Validación del Bachillerato, requisitos para la admisión a las instituciones de educación superior, para los estudiantes acreditados en los grupos A, B y C del Sisbén IV con sus respectivos subgrupos, y se dictan otras disposiciones”.
El proyecto ya superó el segundo debate en la plenaria del Senado y continuará su trámite en las demás instancias legislativas. Según lo previsto, se busca que el articulado sea analizado a profundidad para garantizar un acuerdo entre los sectores que intervienen en el proceso y, de esa manera, consolidar consensos que faciliten su eventual aprobación.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la condición establecida para los estudiantes que presentan el examen por primera vez. El planteamiento señala que esa primera inscripción sería completamente gratuita para quienes estén dentro de los grupos del Sisbén mencionados, pero introduce tarifas diferenciadas en caso de repetición. Semana reseñó que el documento establece: “Para el caso de los exámenes ICFES Saber 11°, así como la prueba de Validación del Bachillerato, el o la estudiante que lo presente por primera vez estará exento de pago. Si, por alguna razón, debe presentarlo por segunda vez, deberá cancelar el 50 % del valor correspondiente; y si debe presentarlo por tercera vez en adelante, no tendrá ningún alivio económico y deberá cancelar el valor total estipulado por el ICFES para el mismo”.
Actualmente, quienes deben inscribirse a estas pruebas pagan tarifas que varían según el tipo de institución educativa y el número de veces que se haya presentado el examen. Para colegios oficiales, el costo es de 58.000 pesos. En el caso de los colegios privados, existe una diferenciación por rangos: aquellos con pensiones iguales o inferiores a 98.000 pesos cancelan el mismo valor de 58.000 pesos, mientras que los de pensiones superiores pagan 76.500 pesos. Para bachilleres graduados que presentan el examen entre una y cuatro veces, la tarifa es de 76.500 pesos, y a partir de la quinta inscripción asciende a 229.500 pesos.
El cambio propuesto, de llegar a convertirse en ley, alteraría de manera significativa el modelo actual, reduciendo los costos de acceso a la educación superior para los estudiantes en condición de vulnerabilidad. El debate sobre este proyecto también involucra al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), entidad encargada de diseñar, aplicar y calificar los exámenes.
La discusión legislativa incluye la revisión de la sostenibilidad financiera de la propuesta, ya que el pago de estas pruebas constituye una fuente de ingresos para la entidad evaluadora. En ese sentido, se espera que los debates en el Congreso profundicen en el impacto fiscal y en la forma en que el Estado cubriría los costos que dejarían de asumir las familias.
Por otra parte, el proyecto contempla que los colegios y estudiantes continúen realizando los procesos de inscripción en los tiempos establecidos, ya que la exención no modifica los plazos definidos por el Icfes para el registro. Según recordó Semana, el calendario ordinario para inscripciones finaliza el 12 de mayo, y quienes no cumplan con esa fecha deben pagar recargos adicionales.
La posibilidad de eliminar el pago de las pruebas de Estado para ciertos grupos de población ha generado expectativa entre los padres de familia, ya que significaría un alivio económico en momentos en que la educación representa una de las principales inversiones en los hogares. Asimismo, podría incidir en la tasa de presentación de los exámenes, al eliminar una de las barreras que en algunos casos desincentiva la inscripción de los estudiantes.
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