La expulsión inmediata de la delegación diplomática de Israel en Colombia, ordenada por el presidente Gustavo Petro, marcó un nuevo punto de inflexión en la ya deteriorada relación bilateral, tras la detención de dos ciudadanas colombianas en Gaza durante una misión humanitaria.
La decisión, anunciada el 1 de octubre de 2025, se produjo en respuesta a la interceptación de la flotilla global Sumud por parte de fuerzas israelíes, un hecho que intensificó la crisis diplomática y generó repercusiones tanto en el ámbito nacional como internacional.
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El detonante de la resolución fue la confirmación de la detención de Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes participaban en una operación de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero usando rutas no autorizadas, además de peligrosas por el conflicto en la zona.
En un extenso mensaje público, el mandatario colombiano calificó la detención de las activistas como una “supuesta violación al derecho internacional y a los Acuerdos de Ginebra”, y solicitó a la Cancillería que presentara las demandas correspondientes, incluso ante la justicia israelí. A propósito, Petro invitó a juristas internacionales a sumarse a la defensa de las ciudadanas detenidas y anunció la polémica ruptura total de relaciones comerciales con Israel, declarando que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”.
“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, expresó Petro, que además, invitó a abogados internacionales a colaborar con la defensa de las ciudadanas detenidas. Y no solo eso: anunció que romperá toda relación comercial con este país, pues expresó que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”.
En este contexto, Andrés Barrios, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, sostuvo ante la comisión de Hacienda y Crédito público del Concejo de Bogotá que el presidente Gustavo Petro ejecuta acciones antisemitas, cuyo único propósito, a su juicio, es promover el odio y la xenofobia en contra de la comunidad judía en el país.
A su vez, aseguró que la retórica del jefe de Estado ha puesto a esta comunidad en el “ojo del huracán”, lo que está generando riesgo de vandalismo y afectación en el orden público. Por ello, señaló que la capital del país debe tomar una postura firme y contundente a favor de la protección de los afectados.
“Desde que llegué al Concejo de Bogotá he venido advirtiendo que Gustavo Petro es un antisemita. Nadie está en contra de la protesta, pero tampoco podemos”, declaró Barrios a lo largo de su intervención.
Según consideraciones del cabildante, no se puede permitir que se normalice el discurso del gobernante de los colombianos en Bogotá, puesto que podría traer consecuencias en el orden público.
“Bajo ninguna circunstancia, estar a favor de la discriminación, el caos y la xenofobia, el vandalismo y la afectación una vez más del orden público de la ciudad. ¡En Bogotá, el antisemitismo no tiene cabida!“, sostuvo.
Para frenar esta escalada de odio, el Concejal Barrios hizo un llamado urgente para que se apruebe el Proyecto de Acuerdo 603 de 2025, de su autoría, que busca fomentar la lucha contra el antisemitismo y la discriminación en todas sus formas hacia la comunidad judía en la ciudad.
Este proyecto, que ya cuenta con ponencia positiva, avanza en la Comisión de Gobierno y busca convertirse en la herramienta de la Administración Distrital para prevenir el odio mediante tres pilares fundamentales.
“Seguridad y Convivencia: Combatir la difusión de ideas que promuevan el genocidio o el antisemitismo. Educación: Incluir en los programas de prevención de violencia escolar contenido sobre la memoria del Holocausto, el genocidio y la lucha contra los discursos de odio”.
Y por último: “Cultura: Promover buenas prácticas sobre el reconocimiento histórico del Holocausto para contribuir a la prevención del discurso de odio y fortalecer la convivencia pacífica”.
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