Álvaro Uribe denunció cómo el norte de Antioquia está “en poder del terrorismo”, tras conocerse comunicado de las disidencias

La grave situación de seguridad en el norte de Antioquia, tras la difusión de un comunicado atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc —en el que la organización armada ilegal advierte sobre el control que ejerce en varios municipios de la región—, provocó un duro pronunciamiento del expresidente de la República Álvaro Uribe, como se evidenció en sus redes sociales.

El exmandatario, con un mensaje en X en la tarde del jueves 2 de octubre de 2025, expresó su alarma y repudio ante la situación; teniendo en cuenta que esta estructura criminal, al mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y que sufrió una profunda división, fue la responsable del atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.

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“El Norte de Antioquia en poder del terrorismo”, expresó el expresidente, en una publicación breve que generó una serie de reacciones en las plataformas digitales, entre los que han endilgado la responsabilidad de la seguridad de este territorio al Gobierno nacional, y lo que sería el fracaso de la política de Paz Total; frente a los que culpan al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por ser él la primera autoridad del departamento.

El documento, firmado por el citado frente, denominado Yéferson Martínez, establece restricciones estrictas para el ingreso de personas a los municipios de Campamento, Guadalupe, Angostura, Amalfi y Anorí, así como en otras zonas donde la organización mantiene presencia armada; lo que causó, como se puede ver, la preocupación en Uribe.

“Queremos por medio de esta nota dejar constancia que el frente 36 de las FARC-EP no va a permitir el ingreso de personas extrañas al territorio (...) Así como también en aquellos municipios donde hay presencia de nuestra organización”, se leyó en el comunicado, que fue replicado por los diferentes medios, pero sobre el cual no se pronuncia el presidente Gustavo Petro.

La amenaza hecha por esta estructura, que estuvo en procesos de paz con el Ejecutivo, se extendió a los que no cuenten con la autorización expresa del grupo armado. “Toda aquella persona extraña que encontremos será detenida y si no hay nadie que responda por ella será declarada objetivo militar de las FARC-EP”, se leyó en la misiva, en la que la organización delictiva pidió a las comunidades locales que no permitan el ingreso de individuos sin permiso.

“Trabajadores, amigos, familiares, novios y demás personas que vayan a ingresar deben estar autorizados por nosotros”, precisaron en el mensaje, que como era de esperarse causó reacciones en las redes sociales, pues se trataría de una clara intimidación a la población civil, con el fin de proceder de estas estructuras que tendrían control del negocio del narcotráfico y la minería.

El comunicado también se dirige a las empresas que operan en estas poblaciones, como las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Colanta y Gases de Antioquia, a los que recomendó establecer canales de comunicación con el grupo armado. “A las empresas del territorio que desarrollan su actividad económica en el área de nuestra influencia les recomendamos hacer los respectivos enlaces para evitar malos entendidos con su personal”.

Finalmente, el frente 36 de las disidencias justificó la implementación de estas medidas bajo el argumento de preservar el control y la estabilidad en la región. “Todas estas medidas las implementamos con el fin de mantener el orden y la seguridad en los territorios”, aseguraron los miembros de la organización ilegal, que han causado zozobra en los municipios del norte antioqueños.

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