La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que un aumento elevado del salario mínimo para 2026 podría afectar el empleo formal en el país.
Esta advertencia surgió tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que anticipó que el ajuste para 2026 estaría por encima de la inflación, una decisión que genera preocupación entre el sector privado.
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Según el informe más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo de agosto de 2025 en Colombia fue de 8,6%, diferencia de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024.
Sin embargo, la Andi remarcó que la caída en la tasa de desempleo no representa una mejora sostenida, pues la tasa global de participación laboral se redujo de 64,5% a 63,9%, lo que implica que 422.000 personas salieron de la fuerza de trabajo nacional.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, expresó: “El país necesita generar condiciones para que las empresas puedan contratar más y las personas tengan mejores oportunidades de empleo, no decisiones que pueden rigidizar aún más el mercado laboral”.
El dirigente empresarial insistió en la necesidad de un enfoque técnico para definir el salario, ya que las cifras del mercado muestran fragilidad pese a algunos indicadores favorables.
El análisis de la Andi reportó que, durante agosto, en el país se perdieron 237.000 empleos en agricultura y 165.000 en comercio. Por otro lado, creció en 201.000 personas el trabajo por cuenta propia, lo que sugiere una tendencia hacia mayores niveles de informalidad y precarización.
El gremio señaló que actualmente el 55,7% de los ocupados permanece en la informalidad, lo que alimenta la inquietud frente a posibles impactos negativos de aumentos del salario sin criterios técnicos.
“No podemos seguir tomando decisiones populistas que, en lugar de beneficiar a los trabajadores, terminan afectando su posibilidad de conseguir un empleo formal y digno”, manifestó Mac Master.
Ante este panorama, la Andi insistió en la importancia de un debate técnico y pidió que las decisiones sobre el mínimo respondan a variables como productividad, inflación y condiciones reales del empleo.
Asimismo, alentó a priorizar políticas de crecimiento sectorial, apoyo al emprendimiento y promoción del empleo formal para mujeres y jóvenes.
En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostuvo una postura opuesta. Fabio Arias, presidente de la central sindical, aseguró que la tasa de desempleo anualizada de 8,6 % en agosto es la más baja desde 2001.
Para Arias, estas cifras desmienten “el argumento empresarial que vincula una mejora en los ingresos de los trabajadores con un aumento del desempleo”. También afirmó que “el Gobierno sí mejora las condiciones materiales de la gente”.
Qué dijo el ministro de Hacienda
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo tras la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República realizada el 30 de septiembre.
Aunque la negociación formal aún no inicia y hay desacuerdos iniciales entre las partes, Ávila indicó que el proceso se adelantará en los próximos meses. El Gobierno buscará acuerdos entre empresarios y centrales obreras durante la concertación.
Ávila enfatizó la directriz fijada por el presidente Gustavo Petro, señalando que esta será la última negociación de salario mínimo de su mandato.
“Es política general del presidente Petro, y del Gobierno, estimular un crecimiento del salario mínimo en términos reales por encima de la tasa de inflación”, afirmó.
Esto implica que el incremento podría quedar entre el 5% y el 7%, ya que la inflación anual en agosto de 2025 se ubicó en 5,1% según datos del Dane, y para el ajuste también se consideran uno o dos puntos adicionales por productividad.
Respecto a la perspectiva oficial, Ávila reiteró que se mantendrá “la tendencia establecida en los últimos tres años, de hacer un incremento en términos reales del salario mínimo, lo cual significa que estará el incremento del salario por encima del incremento en la tasa de inflación”.
Una vez se logre el consenso, el monto definitivo será anunciado públicamente y reflejará tanto la decisión presidencial como el resultado de la concertación.
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