Reforma a la salud: senadora Norma Hurtado explica la ponencia alternativa y denuncia “presiones” del Gobierno: “Nada de lo que digo lo consideran cierto”

La crisis del sistema de salud colombiano ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación política y social con la presentación de una ponencia alternativa a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

En el centro de este debate se encuentra la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, que ha denunciado presiones y agresiones en el marco de una discusión que, en sus palabras, debe mantener como eje la defensa del paciente.

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Hurtado sostiene que la gravedad del momento exige cambios profundos, pero advierte que estos deben surgir de un proceso participativo y no de imposiciones.

“El momento crítico que se vive en el sector salud lleva a que se necesiten transformaciones”, afirma, subrayando que la crisis ha generado una expectativa considerable entre los actores públicos y privados, quienes esperan soluciones concretas y sostenibles.

La ponencia alternativa, liderada por Hurtado, nació de la búsqueda de consensos ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con el Ejecutivo. La senadora explica que su propuesta es el resultado de un diálogo técnico y abierto con expertos, universidades y representantes de la sociedad civil.

“La ponencia alternativa surge de la búsqueda de consensos que no se ha podido lograr con el Gobierno nacional, fruto de las audiencias, de las mesas técnicas, del diálogo con las universidades y los expertos”, señaló la senadora en diálogo con Semana.

Para ella, la diversidad de voces y la apertura al debate son esenciales para construir soluciones legítimas y duraderas. La senadora también rechazó cualquier intento de presión política, insistiendo en que su trabajo se fundamenta en las herramientas legales y en la autonomía que le otorga la Ley Quinta para presentar reformas alternativas.

Las tensiones entre el Congreso y el Gobierno han sido una constante en el proceso de discusión de la reforma. Hurtado denuncia que, más allá de la presión, ha experimentado agresiones y descalificaciones verbales.

“Más que una presión, he sentido una agresión. Nada de lo que digo lo consideran cierto, nada de lo que sustento con cifras lo ven real y lo que se ha dado hacia mí es una descalificación verbal sin presentar soportes”, aseguró Hurtado al mencionado medio.

En el plano técnico, las diferencias entre la propuesta del Gobierno y la ponencia alternativa son profundas: Hurtado critica la intención del Ejecutivo de estatizar el sistema bajo el modelo de aseguramiento social, mientras que su propuesta respalda la continuidad de un modelo mixto y la preservación del sistema general de seguridad social en salud.

“Este Gobierno insiste en estatizar el sistema bajo la figura del aseguramiento social”, advierte, y recalca que la Constitución garantiza a los colombianos el derecho a la seguridad social en salud.

La senadora también cuestiona el uso de los recursos del aseguramiento para financiar infraestructura y promesas oficiales, proponiendo que se busquen nuevas fuentes de financiación para estos fines y se blinden los fondos destinados a la atención de los pacientes.

El papel de la Adres constituye otro punto de fricción. Según Hurtado, la propuesta gubernamental busca convertir la Adres en una superentidad con funciones de pagador, recaudador, asegurador, auditor y regulador de tarifas, lo que podría concentrar un poder excesivo y generar riesgos de congestión y vulneración de derechos.

La ponencia alternativa, en cambio, propone limitar las funciones de la Adres conforme a su marco legal original, recordando que la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los peligros de centralizar el manejo del sistema en una sola entidad.

El cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que determina la financiación del sistema, es otro aspecto que genera preocupación. Hurtado señala que, pese a la orden de la Corte Constitucional para recalcular la UPC, no se ha avanzado en este proceso, lo que pone en entredicho la transparencia y el rigor técnico de la gestión financiera. Propone que el Consejo Nacional de Salud tenga un papel vinculante en la definición de la UPC, para garantizar un proceso más participativo y transparente.

La implementación de cualquier reforma está condicionada por la situación financiera del sector. Hurtado recuerda que el propio Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, estableció como requisito el pago de las deudas del sector salud antes de 2025 para la entrada en vigencia de la nueva normativa.

“Estos tres años corresponden al Gobierno del ‘cambio’ del presidente Gustavo Petro. Nosotros tomamos esa condición que había puesto el Ministerio de Hacienda en el aval número cuatro y la convertimos en un artículo”, explicó Hurtado a Semana.

La ponencia alternativa adoptó este criterio, estableciendo que la reforma solo podrá aplicarse una vez se hayan saldado las obligaciones pendientes, que han generado graves traumatismos desde 2023.

La situación de la Nueva EPS, entidad encargada de recibir a los usuarios de las EPS liquidadas, ilustra la magnitud de la crisis: Hurtado advierte que la deuda de 95.000 millones de pesos ha dejado a miles de afiliados sin acceso a servicios esenciales, como los que ofrecía la Clínica Shaio en Bogotá.

Además, cuestiona la decisión del Ministerio de Hacienda de excluir las deudas de la Nueva EPS del aval fiscal, trasladando la responsabilidad de pago a los privados, a pesar de que varios miembros de la junta directiva pertenecen al Gobierno. Esta medida, según la senadora, incrementa la incertidumbre sobre quién asumirá la deuda y garantizará la continuidad de la atención.

De cara al futuro, Hurtado reconoce la dificultad de prever el desenlace político de la reforma, dada la incertidumbre en el Congreso y la diversidad de posiciones entre los partidos. Sin embargo, la senadora confía en su propuesta y reafirma que, al menos en su caso, no ha recibido presiones directas para condicionar su voto, y mantiene su compromiso con la transparencia y la independencia en la toma de decisiones.