Paloma Valencia hizo delicado diagnóstico de la situación de las Fuerzas Militares, de cara al 2026: “Las vamos a recibir en ruinas”

La discusión sobre el futuro de las Fuerzas Militares continúa estando en la agenda de los precandidatos presidenciales, que se preparan para el proceso electoral que empezará a definir, a partir del 31 de mayo de 2026, el nuevo mandatario de los colombianos para el próximo cuatrienio. En medio de transformaciones internas y desafíos presupuestales, existe preocupación por la capacidad de reacción.

Así podría resumirse tras las recientes declaraciones de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que advirtió -según se conoció en un video en sus redes sociales- la precaria situación que atraviesan las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los colombianos, por cuenta de lo que sería el manejo del presidente de la República, Gustavo Petro, en esta línea de acción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista, que hace parte del grupo de aspirantes del Centro Democrático, fue contundente en sus declaraciones. “Vamos a recibir una Fuerza Pública en ruinas. Sin aviones, sin munición, sin aliados”, afirmó Valencia, que precisó su concepto en el concepto de cómo la modernización y la profesionalización anunciadas por el Gobierno contrastan con denuncias sobre deterioro operativo.

La parlamentaria remarcó la gravedad de la situación al afirmar que, a diferencia del Gobierno de Álvaro Uribe, que llegó con un plan Colombia hecho y un pie de fuerza de más de 500.000 hombres entrenados y armados, “nosotros vamos a recibir una ruina de ejército, una ruina de fuerzas públicas, no por los hombres y mujeres que hacen parte de ellas, sino por la falta de inversión”, expresó la senadora.

Y es que, según la senadora, la obsolescencia de la munición y el deterioro del equipamiento son síntomas de una crisis estructural. “Cincuenta por ciento de las armas están baratas. Es que la munición está obsoleta. Es que Petro, además, no ha hecho, sino pelear con todos los países que han sido cooperadores de Colombia en la lucha contra el narcotráfico”, agregó Valencia en su discurso.

El diagnóstico de la senadora y precandidata se extendió, de hecho, a la política exterior y la cooperación internacional. “Ha decidido cambiarse (el enfoque de) las relaciones con los que ayudan en el narcotráfico. Es una cosa bien curiosa. Estamos pasando del pacto de la Picota al pacto de los Zotes, con una actuación bastante complicada en términos de las elecciones”, afirmó la congresista.

La senadora también responsabilizó a los ceses al fuego pactados con grupos armados de un aumento de la violencia. “Estas treguas han incrementado la violencia”, y denunció “violaciones sistemáticas a los acuerdos, con más de 1.000 incidentes reportados en 2023, entre homicidios, secuestros y confinamientos”, reafirmó en sus declaraciones, en las que expuso el fracaso, según ella, de la Paz Total.

Algunos congresistas coinciden en señalar una pérdida de capacidades estratégicas y operativas de las Fuerzas Militares, asociada tanto a la política de diálogos y ceses unilaterales como a la restricción de recursos para inversiones y funcionamiento. A las posiciones de Valencia se han sumado en anteriores oportunidades las del representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana.

El congresista ha centrado sus críticas en la reducción presupuestaria para la fuerza pública. “Mientras el gobierno destina recursos significativos a la política de ‘Paz Total’, el presupuesto de inversión para la fuerza pública experimenta recortes”, afirmó en uno de sus mensajes, con una disminución del 47,6% en la inversión para el Ejército, de $735.311 millones en 2024 a $385.001 millones en 2025.

Y agregó que “esta reducción afecta la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad”. Con ello, se refleja, una vez más, la preocupación de los sectores de oposición sobre el rumbo de la seguridad nacional y la resiliencia institucional de las Fuerzas Militares frente a los cambios impulsados por el gobierno, especialmente en un contexto de aumento de la criminalidad y la presencia de grupos ilegales.