El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció sobre la defensa que la empresa minera Drummond presentó en un tribunal de los Estados Unidos, en el marco de un proceso judicial por difamación.
El jefe de cartera utilizó su cuenta de X para referirse al tema y lanzó acusaciones en contra de la compañía, señalando vínculos con el paramilitarismo en Colombia y cuestionando su postura frente a la justicia nacional.
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En su publicación, el ministro escribió: “La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no callarán la verdad”, según registró Colprensa.
La declaración se dio poco después de conocerse que la carbonera incluyó en su estrategia de defensa críticas a las instituciones colombianas y al presidente Gustavo Petro.
El funcionario agregó otra afirmación en la misma línea, enfocada en la forma como percibe la actuación de la multinacional. En palabras del ministro: “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”.
Con ello amplió su señalamiento hacia el impacto social y económico que, desde su perspectiva, representa la actividad de la empresa en el país.
Sanguino también remarcó que la actual administración, liderada por el presidente Petro, no permitirá que compañías extranjeras pasen por encima de las instituciones nacionales. En su publicación expresó: “Aquí tienen al primer Gobierno de izquierda democrática que les dice fuerte y claro: en Colombia manda la justicia y la dignidad del pueblo. Ninguna transnacional va a suplantar nuestra democracia ni a hacer negacionismo histórico del paramilitarismo”.
Las palabras del ministro se difundieron mientras continúa en curso el litigio que involucra a Drummond en una corte estadounidense, donde la compañía busca defenderse frente a acusaciones relacionadas con su actividad en Colombia. Dentro de esa estrategia, la empresa cuestionó la independencia de la justicia colombiana y mencionó el pasado político del actual presidente Gustavo Petro, lo que generó reacciones en diferentes sectores.
En Colombia, la relación entre multinacionales mineras y las instituciones del Estado ha sido un tema recurrente de debate. En particular, la empresa Drummond ha enfrentado cuestionamientos de organizaciones sociales, sindicatos y actores políticos por presuntos vínculos con grupos armados ilegales en el pasado. El pronunciamiento de Sanguino se enmarca dentro de esas discusiones, al plantear nuevamente el señalamiento sobre la financiación de estructuras paramilitares.
El caso también conecta con una postura más amplia del Gobierno frente a las compañías del sector extractivo. En ocasiones anteriores, el presidente Gustavo Petro ha manifestado que empresas como Glencore y Drummond no han estado dispuestas a renegociar las condiciones contractuales con el Estado colombiano. Según sus declaraciones, recogidas por medios nacionales, “van a la quiebra”, en referencia a la negativa de dichas multinacionales a revisar los acuerdos vigentes.
La defensa que la compañía presentó en Estados Unidos ha incluido cuestionamientos hacia las autoridades judiciales de Colombia, lo que generó molestia en el Gobierno. Para el ministro de Trabajo, esa actitud representa un intento de desconocer la soberanía del país y de restar legitimidad a sus instituciones. Por ello, sus publicaciones en X subrayan que, en criterio del Ejecutivo, ningún actor externo puede imponerse sobre la institucionalidad democrática.
El señalamiento de Sanguino hacia Drummond no es el primero que enfrenta la empresa en escenarios públicos. Diferentes procesos judiciales y denuncias sociales han girado en torno a la presunta relación entre operaciones mineras y estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país. Aunque algunas de estas acusaciones han avanzado en la justicia, en otros casos los fallos han favorecido a la compañía, lo que mantiene el debate abierto en la opinión pública.
Hasta el momento, Drummond no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las declaraciones del ministro. No obstante, el señalamiento cobra relevancia en medio de un proceso judicial que se desarrolla fuera del país y que involucra directamente a la empresa. La respuesta de la multinacional será clave para establecer su posición frente a las acusaciones que han sido planteadas desde el Gobierno nacional.
En lo que respecta al ámbito laboral, la cartera de Trabajo ha mostrado un interés constante en señalar la necesidad de que las compañías mineras en Colombia cumplan con los estándares de protección de los derechos de los trabajadores y de las comunidades en las zonas de influencia. El mensaje de Sanguino, además de sus acusaciones políticas, se enmarca en esa visión de resaltar el papel de la justicia y de la institucionalidad nacional frente a actores extranjeros.
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