El proceso disciplinario que enfrenta la jueza Marienela Cabrera Mosquera ha puesto en el centro del debate nacional los límites entre la vida privada y el ejercicio público de la función judicial.
La controversia surgió tras la difusión de varios videos en Tiktok donde la funcionaria comparte aspectos personales y participa en tendencias de la plataforma, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autonomía y el derecho al libre desarrollo personal de quienes integran el poder judicial.
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La jueza cuarta penal del circuito de Florencia, Caquetá, de 47 años, casada y madre de tres hijos, ha defendido de manera enfática su desempeño profesional. Ha subrayado que su actividad en redes sociales no ha interferido con sus responsabilidades judiciales.
En sus declaraciones públicas, Cabrera Mosquera ha cuestionado la pertinencia de la investigación en su contra, sugiriendo que se trata más de un juicio moral que de un proceso disciplinario legítimo.
Ha señalado que la queja se basa en videos de Tiktok donde, según los denunciantes, “baila de manera sugestiva”, lo que supuestamente atentaría contra la moral de la profesión y tendría un carácter sexual.
La jueza ha aclarado que estos videos fueron grabados en su domicilio, específicamente en el estudio de su casa, y no en el juzgado ni en el despacho judicial.
“Son en mi casa, es en el estudio de mi casa”, aclaró en entrevista con Blu Radio.
La queja formal fue presentada mediante correos electrónicos anónimos, en la que se argumenta que las publicaciones de la jueza son sugerentes y atentan contra el decoro y la moralidad de la profesión.
La denuncia sostiene que Cabrera Mosquera “realiza videos mostrando de manera sugestiva su cuerpo, lo cual atenta contra el decoro y la moralidad de la profesión, al punto de vanagloriarse en su cuenta que es juez y además realiza videos sexuales y se viste de manera inapropiada y no le pasa nada, además de no ocupar la totalidad de su tiempo en desempeñar su labor”, según leyó textualmente la propia jueza.
El expediente disciplinario ha cobrado notoriedad no solo por el contenido de la queja, sino también por las medidas adoptadas por el magistrado instructor, Manuel Enrique Flores, quien ordenó el seguimiento de las redes sociales de la jueza y solicitó la incautación de su teléfono celular personal.
Cabrera Mosquera rechazó esta petición, argumentando que la entrega del dispositivo violaría su intimidad y calificando la solicitud de ilegal.
Cabrera Mosquera ha denunciado la existencia de modelos de conducta rígidos y desiguales a los que, según ella, se ven sometidas las mujeres en la justicia. “Ningún hombre me va a violentar bajo la comodidad de mi silencio”, declaró, al tiempo que calificó la investigación como una persecución que vulnera sus garantías fundamentales.
El carácter del proceso quedó evidenciado en la realización de interrogatorios a colaboradores del despacho y en la advertencia de que, tras conceder una entrevista a Blu Radio, se le abriría un nuevo proceso disciplinario.
Cabrera Mosquera ha expresado su preocupación por el volumen de pruebas solicitadas en su contra y ha cuestionado la legitimidad de la denuncia, al considerar que fue presentada por personas inexistentes y que la denunciante podría ser una mujer.
También Cabrera Mosquera reveló que, tras la visibilización de su situación, ha recibido mensajes de otras mujeres vinculadas al sistema judicial que le han manifestado haber experimentado situaciones similares de hostigamiento.
Para la jueza, esto demuestra que su caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de discriminación. “Es muy lamentable, la verdad. Para mí es muy lamentable que a una mujer se le juzgue, se le juzgue por su forma de vestir, se le juzgue por sus publicaciones en redes sociales y se haga caso omiso al trabajo de ella”, afirmó.
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