La representante a la Cámara, Katherine Miranda, perteneciente al Partido Verde, reaccionó con fuerza frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra la Corte Constitucional, luego de que este cuestionara su papel en el trámite de la reforma pensional y afirmara que el alto tribunal estaba actuando en contra de los adultos mayores en Colombia.
Miranda, que hace parte de la oposición independiente en el Congreso, no dudó en expresar su rechazo a las palabras del mandatario; a través de su cuenta oficial en la red social X, la congresista fue directa y contundente.
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“Presidente, lo indigno es que usted ataque a la Corte Constitucional por cumplir su deber. La independencia judicial no es capricho: es la garantía de que nadie, ni siquiera usted, esté por encima de la Constitución. La Corte no es su enemiga, es el límite a sus abusos”, escribió Miranda.
Sus palabras surgieron después de un mensaje publicado por el jefe de Estado en el que acusó a la Corte Constitucional de obstaculizar la reforma pensional.
Petro, al referirse al trámite legislativo, afirmó que el alto tribunal se convirtió en un actor político contrario al Gobierno y acusó a sus magistrados de actuar con sesgo contra los intereses de los adultos mayores del país.
En su publicación, el presidente escribió: “Es indigno convertir la Corte Constitucional en órgano de la oposición cuando es quien nos une en la defensa de los derechos de la constitución. Lo que hace la oposición contra los viejos de Colombia no tiene nombre. Creo que hace tiempo se cumplieron los pasos para validar la ley de pensiones”.
“Quien dijo que un anuncio debe ser aprobado, eso no lo ordena ninguna norma, están abusando de su poder y niegan los derechos de la gente establecidos en 1991”, concluyó su mensaje.
Katherine Miranda no solo rechazó el tono del mensaje presidencial, sino que advirtió sobre el riesgo que representa que el mandatario cuestione a una de las principales instituciones del Estado. Para la congresista, la democracia colombiana necesita equilibrio y respeto entre los poderes, y las palabras del presidente alteran esa relación.
El pronunciamiento de Petro fue una reacción a las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que criticó directamente al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Montealegre afirmó: “Convertir a la Corte Constitucional —como pretende hacerlo el actual presidente de esa corporación—, en un sector de oposición política al primer Gobierno de izquierda de Colombia, es indigno”.
Más adelante, el ministro agregó: “Ver el salto de trapecista, de una Corte históricamente defensora de los derechos sociales, a girar hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por él, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio”.
La Corte Constitucional no tumbó la Reforma Pensional, pero la congeló
Por el momento, el debate sobre la reforma pensional continúa abierto. Aunque el Congreso ya aprobó la ley, la Corte Constitucional estudia varios elementos del procedimiento legislativo.
El principal problema que enfrentó la Reforma Pensional en la Corte Constitucional de Colombia fue un error de procedimiento durante su aprobación. En el cuarto debate, realizado en la Cámara de Representantes, no se discutió ni votó el texto correspondiente a esa corporación, como lo exige la ley.
En lugar de eso, se adoptó directamente el texto aprobado por el Senado, lo que constituyó una omisión del último debate obligatorio y violó el debido proceso legislativo.
Ante esta irregularidad, la Corte no declaró inconstitucional la ley de inmediato, pero sí suspendió su entrada en vigencia y ordenó repetir el debate en la Cámara para corregir el error. Aunque el Congreso ya repitió ese debate, la reforma aún no entra en vigor porque el alto tribunal debe revisar de nuevo el trámite y decidir si se ajusta a la Constitución.
Además del problema de forma, la Corte debe analizar el contenido de la ley y evaluar si los señalamientos sobre presuntos sobornos a congresistas afectan la validez del proceso. Por ahora, la reforma permanece en una fase de incertidumbre jurídica, a la espera de una decisión definitiva del alto tribunal.
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