La disputa entre Enrique Vargas Lleras y el Gobierno de Gustavo Petro escaló con la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por supuestos delitos de injuria y calumnia.
Vargas Lleras también solicitó una medida cautelar que impida la salida del país del alto funcionario, al considerar que existe un riesgo de fuga, citando el precedente del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
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La pelea surge luego de las declaraciones de Jaramillo en una entrevista en la W Radio el 15 de septiembre de 2025, en la que acusó a Vargas Lleras de posibles hechos de corrupción vinculados a su papel como miembro de la Junta Directiva de Nueva EPS.
“Nunca había visto eso, los contratos los hace el presidente, pero no que los miembros de la Junta Directiva contrataran”, afirmó Jaramillo.
El ministro señaló además que, de acuerdo con el testimonio de otros directivos, Vargas Lleras habría mencionado que no contrataba con instituciones no acreditadas, sugiriendo una irregularidad en los procedimientos de la entidad prestadora.
La defensa de Enrique Vargas Lleras sostiene que estas afirmaciones afectan su honra e incumplen con los trámites y responsabilidades que legalmente corresponden en el proceso contractual de empresas como Nueva EPS.
En la denuncia presentada, el equipo legal advierte que las declaraciones no distinguen la función deliberativa de los miembros de la Junta Directiva frente al papel ejecutivo que corresponde a la presidencia de la entidad.
Paralelamente, Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical y crítico frecuente del Ejecutivo, expresó: “El Gobierno no puede convertir la injuria y la calumnia en cortina de humo para ocultar su incumplimiento con la salud de los colombianos. Mientras distraen al país con difamaciones, asfixian financieramente a los prestadores y no giran a tiempo”.
Por ahora el episodio añade tensión al debate sobre el manejo de la salud pública y la responsabilidad de funcionarios y directivos en el sistema.
La Comisión de Acusación recibió la denuncia de Enrique Vargas Lleras en contra del presidente Gustavo Petro
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes dio inicio a un proceso penal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de admitir la denuncia interpuesta por Enrique Vargas Lleras por presuntos delitos de injuria y calumnia.
Según informó el 12 de septiembre de 2025 Caracol Radio, la acción se originó tras la formalización de la queja el pasado 12 de diciembre, en la que el denunciante señaló al jefe de Estado por declaraciones que, según su criterio, lesionan su honra y ponen en duda su conducta en la Nueva EPS y la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La Comisión de Acusación, órgano encargado de investigar a altos funcionarios y al presidente de la República, ordenó la apertura de la indagación penal y citó a Vargas Lleras para que ratifique sus acusaciones mediante una diligencia formal.
De acuerdo con el documento oficial, se dispone: “ORDENAR la recepción de ratificación de denuncia por parte del denunciante ENRIQUE VARGAS LLERAS dentro de las actuaciones radicadas con el número 6781 (Sic)”.
Como parte de sus actuaciones legales, Vargas Lleras también presentó una denuncia penal contra los representantes investigadores asignados al caso Daniel Restrepo, Karyme Cotes y Juan Carlos Wills, a quienes señala de prevaricato por omisión y abuso de autoridad, debido a demoras en el trámite.
El denunciante declaró que las expresiones atribuidas a Petro contienen acusaciones infundadas respecto a delitos como corrupción privada, uso indebido de información privilegiada, homicidio y concierto para delinquir.
Ante la situación, Enrique Vargas Lleras enfatizó, que espera mayor agilidad en la etapa probatoria y que se formule la acusación correspondiente, resaltando que “las pruebas son elocuentes y contundentes”.
El trasfondo de este enfrentamiento legal ya había registrado un episodio relevante en diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro acató un fallo del Consejo de Estado que le ordenaba retractarse de sus afirmaciones contra Enrique Vargas Lleras.
En aquella ocasión, el mandatario primero impugnó la decisión, lo que, según el Ejecutivo, fue una acción procesal correcta puesto que disponía de tres días para impugnar y cinco para ejecutar el fallo, aclarando que la impugnación en tutela no suspende el cumplimiento de la orden.
Así, el presidente publicó su retractación oficial, en la que manifestó: “Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva".
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