Más de 14 millones de colombianos podrían quedar por fuera de Datacrédito y otras centrales de riesgo: en qué consiste la propuesta

La posibilidad de que millones de colombianos vean eliminado su historial negativo en centrales de riesgo como Datacrédito y Transunión ha cobrado fuerza con el avance del proyecto de ley conocido como Borrón y Cuenta Nueva 2.0.

Esta iniciativa, que ya superó el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca corregir las limitaciones de la legislación anterior y ofrecer una nueva oportunidad a quienes han saldado sus deudas, en un contexto económico marcado por la informalidad, el desempleo y el endurecimiento de las condiciones crediticias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según estimaciones presentadas en el Congreso, cerca de 14 millones de colombianos podrían verse beneficiados con esta nueva propuesta que se está debatiendo en el legislativo.

El proyecto establece que quienes paguen sus deudas dentro del año siguiente a la promulgación de la nueva ley podrán solicitar la eliminación de sus reportes negativos en un plazo máximo de dos meses.

Además, quienes hayan saldado sus obligaciones antes de la entrada en vigor de la norma también podrán acogerse al beneficio de forma inmediata.

De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, desde la promulgación de la Ley 1266 de 2008, el tratamiento de la información crediticia en Colombia ha estado regulado por parámetros que permiten la permanencia de reportes negativos hasta por cuatro años después de pagar la obligación.

Si la mora fue inferior a dos años, el reporte puede mantenerse por el doble del tiempo de incumplimiento. Aunque esta norma introdujo mecanismos de protección al consumidor, también ha sido criticada por perpetuar barreras de acceso al crédito, ya que los reportes negativos persisten incluso tras el pago de la deuda.

Tras ello, en 2021, la Ley 2157, denominada Borrón y Cuenta Nueva, intentó ofrecer una solución temporal mediante un régimen de transición. Permitía eliminar reportes negativos a quienes se pusieran al día con sus obligaciones dentro de un plazo de 12 meses.

Sin embargo, solo 1,7 millones de personas lograron acogerse a este beneficio, frente a los 16 millones que se esperaba impactar, lo que evidenció la limitada cobertura de la medida.

Adicionalmente, el desempleo y la informalidad limitaron el alcance de los beneficios esperados. Informes del Banco de la República citados por el medio de comunicación indicaron que, en el primer trimestre de 2024, muchos ciudadanos evitaron acudir al mercado de crédito debido a las condiciones desfavorables.

Además, la entidad bancaria reportó que las entidades financieras endurecieron sus requisitos y los usuarios percibieron las tasas de interés como excesivas, llegando hasta el 50% en algunos casos.

En la discusión del proyecto en la Cámara de Representantes, representantes de entidades financieras manifestaron inquietud por el posible impacto del régimen transitorio en la estabilidad del sistema crediticio.

Este sector manifestó que la eliminación de reportes negativos podría elevar las tasas de interés y restringir el acceso al crédito, al reducir la disponibilidad de información sobre el comportamiento financiero de los usuarios.

No obstante, la Corte Constitucional advirtió que el régimen de transición tiene una finalidad legítima, alineada con principios constitucionales como la democratización del crédito.

Incluso, recalcó que la anterior normativa no condona deudas, sino que exige como condición previa la extinción de la obligación para acceder a la eliminación del dato negativo.

Además, la Corte Constitucional reiteró que el dato negativo no debe ser el único criterio para negar un crédito, ya que las entidades financieras disponen de otros indicadores para evaluar el riesgo, como ingresos, egresos y capacidad de pago.

La necesidad de un nuevo régimen se explica por el contexto económico reciente. Aunque Colombia ha mostrado señales de recuperación, esta no ha sido equitativa. Muchos sectores han reactivado sus actividades de manera informal, enfrentando ingresos irregulares y dificultades para acceder al sistema financiero formal.

Según informó la OCDE, citado por el noticiero nacional, el crecimiento económico proyectado para 2024 fue de 1,2%, con una expectativa de repunte hacia el 3,3%. La inflación, aunque en descenso, se mantuvo elevada y solo se espera que se estabilice dentro del rango objetivo en la segunda mitad de 2025. Estas condiciones se han visto agravadas por el aumento histórico de las tasas de interés, que pasaron de 1,75 % en septiembre de 2021 a 13,25 % en mayo de 2023.

Por el momento, la iniciativa pasó a su segunda discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.