El Congreso de Colombia decidirá el futuro del Ministerio de la Igualdad en medio de escándalos: la ejecución de presupuesto no es favorable

El futuro del Ministerio de la Igualdad en Colombia es incierto. A menos de un año para que venza el plazo en el que el Congreso debe decidir sobre su continuidad jurídica, la entidad atraviesa una crisis interna producida por los recientes escándalos de nombramientos, además de la baja ejecución presupuestal y un clima político adverso.

Con más de $156.481 millones en proyectos pendientes y un presupuesto total que supera el billón de pesos, la posible liquidación del ministerio dejaría en el aire recursos clave para políticas sociales en un año electoral.

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El Ministerio de la Igualdad, creado como uno de los pilares de la agenda social del actual gobierno, enfrenta un proceso tácito de liquidación. El 20 de junio de 2026 es la fecha límite para que el Congreso otorgue el respaldo legal necesario para su supervivencia. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se analizan alternativas para absorber sus funciones, ante la falta de apoyo multipartidista que caracterizó su paso inicial por el Legislativo.

En este contexto, la dirección de la cartera regresó a manos del presidente Gustavo Petro, lo que implicó la salida definitiva de la vicepresidenta Francia Márquez y la llegada de funcionarios cercanos al mandatario.

La gestión del ministerio ha estado manchada por una serie de escándalos y denuncias internas. Entre los casos más notorios figura el de diplomas profesionales irregulares, como el de Juliana Guerrero, que fue postulada dos veces para el cargo de viceministra de Juventudes. En la primera ocasión, no contaba con título profesional, requisito indispensable para el puesto. En la segunda, presentó un diploma de contadora, pero surgieron denuncias sobre la ausencia del examen Saber Pro, obligatorio para graduarse en Colombia. Esta situación provocó despidos en la universidad involucrada y la eliminación de su hoja de vida de los registros oficiales.

A estos hechos se suman denuncias de acoso laboral, racismo y discriminación. Tamara Ospina Posse, quien va para su segunda posesión en la cartera tras una salida accidentada, fue señalada por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado (Sunet) por “ausencia de lineamientos claros; demoras en definiciones estratégicas; decisiones tardías sin fundamentación técnica que obstaculizaron procesos claves y una constante actitud de maltrato y desdén con todas las actoras estratégicas en el marco de la gestión”, según un comunicado. Ospina, por su parte, ha calificado estas acusaciones como “injurias” y “calumnias”.

La ejecución presupuestal del ministerio refleja la gravedad de la crisis. Para julio de 2025, la ejecución no superaba el 1,9% de un presupuesto de $1,2 billones, con $798.523 millones destinados a funcionamiento y $498.912 millones a inversión, según un reciente análisis publicado por El Espectador.

El Viceministerio de Mujeres, por ejemplo, no había ejecutado un solo peso de los $129.785 millones asignados a dos proyectos clave para 2025: uno enfocado en reducir brechas de desigualdad para jóvenes en territorios marginados ($35.000 millones) y otro para iniciativas de emprendimiento femenino ($94.700 millones).

Además, el programa Jóvenes en Paz, que involucra a 28.886 jóvenes en 73 municipios, quedó en “fase de transición” tras la liquidación del convenio con la Unión Temporal Territorio y Paz (Uttyp) por denuncias de incumplimiento. Según el viceministro Pablo Zabala, la operación se reanudó bajo una “nueva arquitectura” y de forma directa por el propio ministerio, aunque el proceso de vinculación de personal sigue en curso.

El Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, clave para la aprobación de proyectos, ha tenido cuatro directores diferentes en el último año, lo que ha dificultado la continuidad administrativa, según información del diario nacional.

Los cambios constantes en la dirección han agravado la inestabilidad. Juan Carlos Florián, actual encargado del ministerio, asumió tras una serie de tensiones entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez. El mandatario llegó a afirmar en un Consejo de Ministros: “La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad”. Florián, que ya había generado roces en su primer nombramiento como viceministro de Juventudes, ahora enfrenta el reto de acelerar la ejecución de los recursos y estabilizar la gestión.

En cuanto a la contratación, el ministerio ha firmado en los últimos meses un contrato de $2.000 millones con la Unión Temporal por la Igualdad 2025 para servicios logísticos en eventos y actividades, según información de El Espectador.

Esta unión está conformada por Consultoría Estratégica Integral S. A. S. (Ceinte S. A. S.), con experiencia en contrataciones estatales, y Logística y Consultoría S. A. S. BIC, una empresa sin registros previos en bases de datos públicas de contratación estatal. Además, se concretó un convenio de cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) por $3.800 millones para apoyar la territorialización de estrategias de cuidado, y otro con el Fondo Mujer Libre y Productiva por $5.178 millones. Según documentos internos, más de $680.000 millones están asignados a iniciativas en fase de viabilidad para este año.

La incertidumbre sobre el destino del Ministerio de la Igualdad se intensifica en un contexto electoral y con una relación tensa entre el Capitolio y la Casa de Nariño. Mientras tanto, se evalúa que el Departamento de Prosperidad Social, bajo la dirección de Mauricio Rodríguez, podría asumir parte de las funciones de la entidad.

El manejo de los recursos no ejecutados y la posible reasignación de competencias ya han llamado la atención de organismos como la Procuraduría y la Contraloría, que podrían intervenir para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.