Una nueva imputación formal recae sobre Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, luego de que la Fiscalía recopilara pruebas documentales, videos, chats y testimonios sobre presuntas maniobras de corrupción en las que también figura Day Vásquez, exesposa del exdiputado del Atlántico.
La investigación involucra a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), con sede en Barranquilla, una organización destinada a causas sociales, señalada ahora como vehículo clave para desviar recursos públicos y privados.
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La reciente diligencia de imputación fue adelantada por la fiscal Lucy Laborde, quien pidió una medida de aseguramiento en centro carcelario para el hijo del presidente Petro, y así no reciba detención domiciliaria.
El organismo también argumentó que es necesario mantenerlo privado de libertad, porque considera que su libertad podría afectar el desarrollo del proceso.
Según reveló Semana, “en poder de la Fiscalía están los contratos, convenios, acuerdos y órdenes de pago de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, con destino a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), a cargo, en ese momento, del señor Gustavo de la Ossa”.
El siguiente capítulo de esta investigación añade hechos de gravedad institucional: la fiscal del caso ha recibido señalamientos y amenazas, un tema que la propia funcionaria denunció a los superiores de la Fiscalía.
El medio citado describe que “la fiscal Laborde, que no pidió esta investigación, sino que se la asignaron, terminó metida en un ataque sin precedentes, incluso desde la propia Fiscalía”.
El entramado descrito detalla que “Nicolás Petro y Day Vásquez lograron corromper una fundación que llevaba tres décadas en Barranquilla”.
A través de la Fundación Conciencia Social, la pareja habría recibido cientos de millones de pesos originados en contratos gestionados en nombre de los más vulnerables: adultos mayores y niños con discapacidad. El monto de los contratos, en solo tres años, ascendió a más de 2.400 millones de pesos, con cifras mayores a 6.000 millones de pesos, según los registros de compras estatales.
De acuerdo con la investigación, “los chats quedaron, sin duda para la Fiscalía, que los mayores interesados en los contratos eran Nicolás Petro y su entonces esposa Day Vásquez”.
Entre las pruebas, figuran conversaciones en las que los implicados hablan de recogidas de dinero en efectivo y la participación de funcionarios de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.
Los audios y chats detallan la logística de los pagos y permiten a la Fiscalía sostener los cargos de interés indebido en contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público.
Parte de las evidencias contra Nicolás Petro provienen de su propia voz y conversaciones. En los audios, el exdiputado conversa con Day Vásquez sobre la entrega y el uso de sumas que superaban los 100 millones de pesos, y sobre el objetivo de mantener reservas sobre esas transacciones. “Amor, entre mayor reserva es mejor”, se lee en uno de los registros.
La indagación involucra además a Gustavo de la Ossa, director de Fucoso, y a servidores públicos que, según los chats, facilitaban o agilizaron los pagos.
En una de las conversaciones, Day Vásquez afirma: “Gustavo, ¿cómo estás? Me dice Pedro que mandaron a corregir otra cosa. Exactamente qué fue lo que te dijeron, para entonces yo decirle directamente a Raúl que revise él eso”.
Las irregularidades no solo aparecen en la contratación; el expediente consigna que parte del dinero supuestamente tenía como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero se habría desviado.
Laborde sostiene que “los aportes que giraron personajes de dudosa reputación con destino a la campaña presidencial de su papá, se quedaron a la mitad del camino, en una caja fuerte y en el clóset del exdiputado”.
Uno de los apartados de la imputación expone el capítulo conocido como ‘Fucorrupción’, un esquema que, según la Fiscalía, implicó el reparto de contratos de prestación de servicios y el uso de nóminas paralelas para captar recursos estatales y canalizarlos hacia los beneficiarios de la trama.
“Vamos a hacer lo más grande”, señala Gustavo de la Ossa al planear nuevos negocios con Day Vásquez, quien ahora colabora como testigo.
El proceso tiene como escenario una creciente presión institucional. Tras la salida del fiscal Mario Burgos y la llegada de Lucy Laborde, se produjeron choques internos, pedidos de apoyo y cambios en la investigación.
Laborde, dice el medio, “denunció situaciones de riesgo para su seguridad, con videos de policías, acercándose a su casa en Barranquilla, a donde fue trasladada para dedicarse de manera exclusiva al caso”.
Los cargos a imputar a Nicolás Petro incluyen interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Cada uno está respaldado por “un chat, un audio, un documento, la prueba redactada por el mismo Nicolás Petro y que compartió con Day Vásquez, la principal testigo en su contra”.
Parte central de la acusación se basa en cómo “los contratos con la Fundación Conciencia Social, a través de Gustavo de la Ossa, terminaron en una trama corrupta para usar los recursos destinados a niños y adultos mayores como caja menor”.
Además, el delito de falsedad en documento público refiere a alteraciones en la información de contratos de compraventa de predios en Tubará y La Herradura para ocultar los valores reales.
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