El Consejo de Estado de Colombia ha emitido un fallo que ordena al presidente rectificar públicamente por vulnerar los derechos fundamentales de Joseba Grajales, directivo de EPS Sanitas.
Esta decisión, que responde a una disputa de alto perfil entre el Gobierno y una de las principales entidades de salud del país, subraya los límites constitucionales al discurso presidencial y tiene repercusiones directas sobre la institucionalidad democrática y el sistema de salud colombiano.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El fallo del Consejo de Estado, detallado por el abogado de Sanitas, Juan David Riveros, en entrevista con Semana, ampara los derechos a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación de Grajales.
La sentencia obliga al presidente a rectificar en su próxima alocución, tras haberlo calificado de “criminal” sin pruebas y sugerir que debía abandonar el país. Riveros explicó al medio mencionado que la decisión judicial es categórica: un presidente no puede llamar “criminal” a un ciudadano sin pruebas ni insinuar que debe abandonar el país.
El Consejo de Estado enfatizó que la palabra presidencial constituye un acto de poder, sujeto a los límites de la Constitución y la ley, y no un simple comentario.
La defensa del presidente argumentó que Grajales, por su reconocimiento público, debía tolerar ese tipo de señalamientos como parte del debate democrático. No obstante, la sentencia desestimó este planteamiento, estableciendo que el reconocimiento público no elimina derechos fundamentales.
Riveros sostuvo ante el medio mencionado que “el Consejo de Estado dijo que el reconocimiento público no elimina derechos fundamentales. Nadie ‘tiene que aguantarse’ que lo llamen criminal desde la Presidencia sin un proceso ni pruebas. La crítica democrática es válida; la estigmatización sin fundamento”.
El impacto de este fallo trasciende el caso particular de Sanitas. Riveros consideró que la decisión tiene una implicación histórica, pues establece que las expresiones presidenciales no son inmunes al control judicial y que la democracia no admite “micrófonos sin límites”.
El abogado advirtió que un eventual incumplimiento de la orden judicial por parte del presidente tendría consecuencias jurídicas y pondría en entredicho el principio de separación de poderes, además de minar la confianza en las instituciones.
La controversia entre el Ejecutivo y EPS Sanitas se enmarca en una serie de decisiones judiciales que han revertido acciones del Gobierno.
La Corte Constitucional ya había dejado sin efecto la intervención de la EPS y ordenado su devolución, al considerar que se actuó sin sustento jurídico. Riveros relató a Semana que la entrega de la entidad no fue voluntaria, sino resultado de la presión judicial y la ejecución de una estrategia legal, ante la resistencia del Gobierno a acatar la orden.
El retorno de Sanitas a sus directivos se produjo en condiciones adversas. Según Riveros, la entidad fue devuelta con un deterioro patrimonial que una auditoría externa estima en más de COP 1.7 billones.
“Nos devolvieron una EPS golpeada, con finanzas deterioradas, con confianza fracturada y con usuarios en incertidumbre”, afirmó el abogado al medio mencionado, subrayando que el daño es real y pone en riesgo la estabilidad tanto de la entidad como del sistema de salud.
Durante los meses de intervención, las acciones de tutela aumentaron cerca de un 200% y los incidentes de desacato se duplicaron, lo que evidencia un deterioro en la atención a los usuarios.
En respuesta a los daños sufridos, Sanitas ha iniciado un arbitraje internacional bajo el tratado de inversión entre España y Colombia, con una pretensión inicial de USD 1.200 millones por los perjuicios ocasionados.
Riveros aseguró que cualquier suma reconocida por el tribunal será reinvertida en la EPS para fortalecer el servicio a los usuarios. La reciente sentencia del Consejo de Estado, añadió, otorga un respaldo adicional en esta disputa internacional.
Frente a este panorama, la organización ha puesto en marcha un plan de recuperación que busca restablecer la confianza de los usuarios y la calidad del servicio que históricamente ha caracterizado a Sanitas.
Más Noticias
Revelan correos internos del Banco Agrario que exponen créditos y contratos millonarios ligados a la familia Alcocer
Empresas de los hermanos de Verónica Alcocer participaron en gestiones financieras por varios miles de millones de pesos, y la entidad bancaria trasladó una sucursal a un edificio donde estas empresas son propietarias
Pablo Bustos alerta por presunta campaña interna en la Corte Constitucional para elección clave
El director de la Red de Veedurías afirmó que dos magistrados estarían moviendo respaldos para influir en una vacante del Consejo Superior de la Judicatura
Seguros de vivienda en Colombia: así evolucionan coberturas, riesgos y hábitos de aseguramiento
El sector incorpora nuevas tecnologías y amplía coberturas para responder al incremento de riesgos y a la baja cultura de aseguramiento en el país
Colombia activa su ingreso al banco de los BRICS y lleva el trámite al Congreso
El Gobierno radicó el proyecto de ley para avanzar en la adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo, clave para infraestructura y financiamiento
Corte Constitucional avala suspensión de cobros por fraude bancario: así operará la nueva protección a víctimas
La decisión permite frenar el cobro de cuotas en procesos afectados por suplantación o fraude mientras avanzan las investigaciones judiciales
