En el inicio del 2000, el conflicto armado en Colombia estuvo marcado por la implementación de incentivos dentro del Ejército Nacional para los militares que reportaran bajas de miembros de grupos armados ilegales. Estas medidas buscaban incrementar los resultados en el combate, pero generaron prácticas cuestionables dentro de la institución.
Algunos militares, con respaldo de sus superiores, captaron a jóvenes de distintas regiones con promesas de trabajo. A estos los asesinaban y luego los presentaban como bajas en combate, simulando enfrentamientos con grupos armados. Estas acciones tenían como fin cumplir las metas impuestas y recibir premios o reconocimientos dentro de la estructura militar, pero de manera irregular.
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La desaparición de varios jóvenes del municipio de Soacha y la insistencia de sus madres para esclarecer los hechos condujeron a una investigación más amplia. Las indagaciones de la JEP revelaron más de 6.000 asesinatos bajo esta modalidad, conocidos en Colombia y el mundo como falsos positivos.
En los procesos que adelanta la JEP, se han registrado varios casos de militares que han reconocido su participación en este tipo de crímenes, lo que se ha convertido en una constante.
En un caso de esta índole, veinticinco antiguos integrantes del Ejército Nacional reconocieron ante la JEP su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate en la Costa Caribe entre 2002 y 2008, aunque se ha descartado que esto hubiera sido una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática del gobierno Álvaro Uribe.
Entre estos comparecientes se encuentran dos mayores generales, un brigadier general, seis coroneles y varios oficiales y suboficiales. El reconocimiento tuvo lugar durante la segunda fase del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, enfocado en la investigación de ejecuciones extrajudiciales en esa región.
La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, de las 796 bajas reportadas por 19 unidades militares pertenecientes a tres brigadas del ejército durante ese periodo, al menos 604 corresponden a víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como resultados operacionales.
Los implicados aceptaron por escrito su participación en estos hechos y manifestaron su disposición a contribuir en la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios afectados.
Entre los altos oficiales que aceptaron responsabilidad están el mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien ocupó cargos clave en la Segunda Brigada y la Décima Brigada Blindada; el mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, excomandante del Grupo de Caballería Mecanizado y el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, excomandante del Batallón de Artillería ‘La Popa’.
Además, sumaron su reconocimiento coroneles, tenientes coroneles y otros mandos de unidades como el Batallón Especial Energético y Vial ‘Coronel José María Cancino’, el Gaula Cesar, el Gaula Córdoba, el Gaula Guajira, la Fuerza de Reacción Divisionaria 1 y el Batallón de Infantería ‘Sumapaz’.
Entre ellos figuran Luis Fernando Borja Aristizábal, Juan Guillermo Múnera Piedrahita y Rubén Briam Blanco Bonilla, quienes detallaron operaciones en las que se presentaron víctimas ejecutadas fuera de combate como muertas en enfrentamientos.
El expediente revela que existió una macroorganización criminal, estructurada en nodos, que funcionó mediante un sistema de presión para mostrar resultados en bajas, recompensando a quienes inflaban reportes y sancionando a quienes no lo hacían. También se documentaron actos de encubrimiento y ausencia de controles.
Los reconocimientos de responsabilidad han permitido la identificación y entrega de los restos de 15 víctimas a sus familiares. La JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía, sigue trabajando en la identificación de otras personas desaparecidas.
No todos los oficiales implicados aceptaron responsabilidad y algunos, como el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero, deberán seguir sus procesos en instancias penales ordinarias, donde enfrentan la posibilidad de sanciones de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables. A la fecha, cinco de los 17 generales imputados dentro del Caso 03 han reconocido su responsabilidad ante la JEP.
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