Estados Unidos deportaría a excapos colombianos y exparamilitares que habían sido beneficiados con asilo: captura confirmó cambio de política

El reciente arresto en Orlando, Florida, de Guillermo Pérez Alzate, conocido como “Pablo Sevillano”, reavivó la atención sobre el futuro de decenas de exjefes paramilitares y narcotraficantes colombianos en Estados Unidos.

La detención, ejecutada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se enmarca en una política más estricta hacia migrantes con antecedentes criminales, incluso, aquellos amparados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT).

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Pérez Alzate había sido extraditado en 2008 junto con otros trece paramilitares, tras ser identificado como líder del Bloque Libertadores del Sur y vinculado a envíos de cocaína hacia Estados Unidos.

Condenado a 210 meses de prisión —17 años y medio—, solo cumplió siete años efectivos y cinco bajo libertad condicional. Desde 2016 vivía en Orlando, donde abrió una panadería e intentaba rehacer su vida.

Sin embargo, pese a contar con una orden de deportación emitida por un juez de inmigración, esta fue aplazada reiteradamente bajo el argumento de que en Colombia corría alto riesgo de ser asesinado, condición que le permitió beneficiarse de la CAT.

El cambio de rumbo en su caso no obedece a una nueva infracción, sino a una revisión más rigurosa de las políticas migratorias iniciada en la administración Trump.

Según fuentes oficiales, todo extranjero con antecedentes criminales es “candidato a la deportación”, bien sea a su país de origen o, en algunos casos, a un tercer país.

El propio ICE describió a Pérez Alzate como un “asesino múltiple”, responsable de al menos 29 homicidios y del financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a través del narcotráfico.

De acuerdo con el informe de W Radio, el caso de “Pablo Sevillano” no es aislado. En Estados Unidos permanecen otros exjefes del narcotráfico colombiano que, tras cumplir condenas por narcotráfico, enfrentan un limbo legal entre la deportación y la protección internacional.

Entre ellos está Luis Enrique Calle Serna, conocido como “Comba”, quien junto a su hermano Javier Antonio lideró a Los Rastrojos, una de las estructuras criminales más sofisticadas de la década de 2000.

Tras entregarse en Panamá en 2012, Calle Serna fue condenado en Nueva York a nueve años de prisión y ha permanecido bajo vigilancia en Estados Unidos, mientras Colombia lo reclama por múltiples delitos.

Su organización tejió redes de lavado de dinero con alcance en México y vínculos con el cartel de Sinaloa, lo que le dio poder en la costa pacífica, Ecuador y Venezuela.

Otro de los casos más emblemáticos es el de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo o Pablo Arauca, quien consolidó el cartel de Los Nevados y en 2001 adquirió estructuras paramilitares de las AUC para expandir sus rutas de narcotráfico en Arauca.

Extraditado a Estados Unidos en 2009, fue acusado de enviar toneladas de cocaína a ese país durante la década de 1990 y comienzos de los 2000. Paralelamente, en Colombia ha sido procesado por desapariciones forzadas, desplazamientos y asesinatos masivos, lo que lo convierte en una de las figuras más cuestionadas por crímenes de lesa humanidad.

También figura Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso, extraditado en 2008 y señalado de haber introducido más de 1.700 fusiles AK-47 y cientos de miles de municiones a las AUC en operaciones de trueque de cocaína por armas.

Aunque inicialmente se presentó como miembro de Justicia y Paz, la Corte Suprema lo excluyó de ese beneficio al considerarlo un narcotraficante puro y no un combatiente con fines políticos.

Sierra Ramírez ha seguido participando en procesos judiciales desde territorio estadounidense, incluso como testigo en casos recientes en Colombia.

En una situación similar se encuentra Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, antiguo jefe de la Oficina de Envigado y señalado de coordinar asesinatos de investigadores del CTI en los años noventa.

Tras entregarse en 2008, cumplió siete años de cárcel en Estados Unidos y se estableció en Florida, pero la Fiscalía colombiana insiste en que debe responder por crímenes pendientes.

Lo mismo ocurre con Mauricio Cardona López, alias Yiyo, otro integrante de la Oficina de Envigado que se vinculó al Bloque Héroes de Granada y cuya entrega en 2009 debilitó la estructura criminal en Medellín, aunque su nombre sigue siendo recordado en el mundo del crimen organizado.

El destino de todos ellos depende de la coordinación entre agencias estadounidenses —DHS, ICE, el Servicio de Alguaciles y hasta el IRS—, que evalúan de manera discrecional cada caso.

Mientras tanto, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema de Justicia en Colombia presionan para que regresen y respondan por delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado, secuestro y homicidios de civiles.

La revisión de estos expedientes muestra que Estados Unidos avanza hacia una expulsión gradual de exnarcotraficantes colombianos, ya sea enviándolos de regreso a su país o, si persiste el riesgo, reubicándolos en un tercer territorio.