El alcalde de Tunja, Mikhael Krasnov, negó los cargos imputados por la Fiscalía y lanzó fuerte advertencia: “Continuaré en el cargo”

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, anunció que no aceptará los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación en su contra, relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública y amenazas a testigos.

En un comunicado oficial, manifestó que seguirá ejerciendo sus funciones mientras avanza el proceso judicial y reiteró su confianza en que los hechos serán esclarecidos.

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Krasnov, junto a la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría y la directora de la Unidad de Contratación de la Alcaldía, Luz Mila Acevedo Galán, fue vinculado a una investigación que busca determinar si se pactó la contratación de un abogado a cambio de retirar una demanda de nulidad electoral que afectaba la elección del mandatario local.

El miércoles 24 de septiembre, la Fiscalía realizó la audiencia de imputación de cargos, en la cual el fiscal Óscar Fernando Díaz presentó el caso ante el juez. “Mikhail Krasnov es señalado como coautor, a título de dolo, de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, afirmó el fiscal durante la diligencia.

Sara Catalina Pedraza fue imputada como cómplice en el delito de celebración indebida de contratos, mientras que Luz Mila Acevedo fue señalada como coautora de este mismo delito. El fiscal explicó que los procesados contaban con tres opciones: aceptar los cargos y acceder a una rebaja de hasta el 50% de la pena, no aceptarlos y continuar con un juicio en el que podrán presentar pruebas, o guardar silencio, derecho que no sería usado en su contra.

Durante la audiencia, Krasnov manifestó que requería un traductor, alegando no comprender completamente el procedimiento. El juez le indicó que los términos eran claros y no técnicos, mientras que el fiscal repitió la explicación en un lenguaje más sencillo, sugiriendo que consultara con su abogado.

Tras la diligencia, el alcalde Krasnov emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía, en el que declaró: “No acepto los cargos de los que se me acusa y ruego se me respete la presunción de inocencia. Confío en que la verdad prevalecerá y que los procesos en curso demostrarán que no he cometido ninguna conducta indebida”.

En el mismo documento, reiteró que seguirá ejerciendo su cargo como alcalde de Tunja, dado que la medida judicial no restringe su libertad, y pidió calma a la ciudadanía.

“Seguiré trabajando por Tunja con el compromiso que los tunjanos me confiaron, cumpliendo el Plan de Desarrollo Conectemos Tunja con el Mundo”, puntualizó.

Finalmente, invitó a la población a no caer en especulaciones ni juicios anticipados, reafirmando su disposición de acudir a todas las instancias judiciales durante el proceso.

El proceso se originó el 14 de noviembre de 2023, cuando el abogado y ciudadano Juan Sebastián Ramírez García presentó una demanda de nulidad electoral para solicitar la suspensión de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Según la Fiscalía, en enero de 2024 se adelantaron gestiones por parte de algunos funcionarios y personas vinculadas a la Alcaldía, incluida Sara Catalina Pedraza, para obtener la hoja de vida de Ramírez. El 31 de enero de 2024 se realizó una reunión en el despacho del alcalde, en la que se le habría propuesto al abogado retirar la demanda a cambio de ser vinculado a la administración municipal. Ese mismo día, Ramírez fue presentado como nuevo funcionario.

El primero de febrero, Luz Mila Acevedo lideró el trámite de un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía por un valor de $19.800.000. Esa misma noche, Ramírez remitió al Tribunal Administrativo el documento en el que retiraba la demanda, recibido al día siguiente.

No obstante, según la investigación, Krasnov y Acevedo le informaron que no firmarían dicho contrato hasta que el tribunal confirmara el retiro de la demanda, y le aseguraron que sería vinculado a otra entidad. Finalmente, el 5 de febrero, Ramírez suscribió un contrato con Ecovivienda por $54.285.000 y una duración de diez meses y once días.

“Ambos contratos fueron utilizados para favorecer al señor alcalde con el retiro de la demanda de nulidad electoral, priorizando intereses particulares sobre los principios de transparencia y selección objetiva”, señaló el fiscal Díaz durante la imputación.

El 20 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó a Ramírez explicar los motivos del retiro de la demanda. Según la Fiscalía, Luz Mila Acevedo le envió un archivo con indicaciones sobre la forma en que debía responder.

En septiembre de 2024, Acevedo citó a Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, gerente de Ecovivienda, para darle instrucciones sobre lo que debía declarar si era cuestionado por la contratación de Ramírez. Posteriormente, fue convocado al despacho del alcalde, donde le entregaron una carta de renuncia y un documento que debía firmar, en el cual se detallaba el proceso de vinculación de Ramírez.

De acuerdo con la Fiscalía, Camargo firmó bajo presión, pues fue amenazado con la difusión de unos presuntos videos de acoso sexual que serían enviados a su hija en Alemania si no obedecía, además de la advertencia de abandonar la ciudad.